El Senado de la República pidió ayer la intervención del Presidente Felipe Calderón y del Poder Judicial de la Federación para revisar la situación de las indígenas otomíes Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes fueron sentenciadas a 21 años de prisión por secuestrar a seis elementos de la extinta AFI en 2006.
La propuesta fue llevada a la tribuna por el coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, quien también planteó la creación de una Comisión Especial del Senado que investigue el cumplimiento dado por la Procuraduría General de la República (PGR) a la recomendación emitida sobre el caso por la CNDH.
Tras asegurar que se trata de un ejemplo dramático e ignominioso de injustifica y discriminación, el líder de los legisladores del tricolor lamentó que las mujeres continúen en prisión, pese a las irregularidades que se han detectado en el proceso.
"Hacemos un exhorto al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la PGR, y en coordinación con el Poder Judicial de la Federación, se revise la situación jurídica de las ciudadanas indígenas", expresó.
Beltrones criticó que México enfrente en la actualidad una serie de críticas y observaciones por la falta de actuación frente al grave retroceso en la vigencia de los derechos humanos.
Recordó que el País ha recibido reportes y recomendaciones del Parlamento Europeo, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional y del Departamento de Estado de Estados Unidos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las estatales.
En su turno, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Andrés Galván Rivas, solicitó a la CNDH entregar al Senado toda la información relacionada con el expediente de las mujeres indígenas.
El senador del PRD, Tomás Torres, aseguró que el titular de la PGR tiene la facultad para desistirse de la acción penal.
El coordinador del PT, Ricardo Monreal, se sumó a la propuesta, pero advirtió que los legisladores también están obligados a velar por los derechos de los presos políticos de los estados de México y Guerrero.
Apenas ayer, el Gobernador José Calzada Rovirosa solicitó formalmente al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, que esa instancia realice los estudios jurídicos pertinentes para el esclarecimiento del caso de las indígenas de origen otomí.
La propuesta fue aprobada luego de que el senador del PRD, Carlos Sotelo, presentó un informe sobre la situación jurídica y procesal de los ex funcionarios del estado de Michoacán, procesados por presuntos vínculos con una organización criminal.
La propuesta fue llevada a la tribuna por el coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, quien también planteó la creación de una Comisión Especial del Senado que investigue el cumplimiento dado por la Procuraduría General de la República (PGR) a la recomendación emitida sobre el caso por la CNDH.
Tras asegurar que se trata de un ejemplo dramático e ignominioso de injustifica y discriminación, el líder de los legisladores del tricolor lamentó que las mujeres continúen en prisión, pese a las irregularidades que se han detectado en el proceso.
"Hacemos un exhorto al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la PGR, y en coordinación con el Poder Judicial de la Federación, se revise la situación jurídica de las ciudadanas indígenas", expresó.
Beltrones criticó que México enfrente en la actualidad una serie de críticas y observaciones por la falta de actuación frente al grave retroceso en la vigencia de los derechos humanos.
Recordó que el País ha recibido reportes y recomendaciones del Parlamento Europeo, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional y del Departamento de Estado de Estados Unidos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las estatales.
En su turno, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Andrés Galván Rivas, solicitó a la CNDH entregar al Senado toda la información relacionada con el expediente de las mujeres indígenas.
El senador del PRD, Tomás Torres, aseguró que el titular de la PGR tiene la facultad para desistirse de la acción penal.
El coordinador del PT, Ricardo Monreal, se sumó a la propuesta, pero advirtió que los legisladores también están obligados a velar por los derechos de los presos políticos de los estados de México y Guerrero.
Apenas ayer, el Gobernador José Calzada Rovirosa solicitó formalmente al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, que esa instancia realice los estudios jurídicos pertinentes para el esclarecimiento del caso de las indígenas de origen otomí.
La propuesta fue aprobada luego de que el senador del PRD, Carlos Sotelo, presentó un informe sobre la situación jurídica y procesal de los ex funcionarios del estado de Michoacán, procesados por presuntos vínculos con una organización criminal.
Claudia Guerrero, Reforma, 17 de marzo.
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