El 11 de enero de 2008, Víctor Alfonso, de 17 años, fue asesinado por militares en Huetamo, Michoacán.
Aquel día, soldados adscritos al 12 Batallón de Infantería habían colocado un retén y dispararon sus armas contra una camioneta pick up marca Ford, tipo Courier XL, modelo 2001, en la que viajaba Víctor acompañado por Juan Carlos Peñaloza, de 19 años, quien quedó lesionado.
El argumento que dio uno de los soldados para efectuar los disparos es que a los jóvenes se les marcó el alto, pero no obedecieron.
En este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó violación al derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, porque los hechos sucedieron mientras estaban vigentes medidas cautelares solicitadas por el organismo.
La CNDH documentó que los militares hicieron uso excesivo de la fuerza y de las armas de fuego.
Ante lo sucedido, la CNDH pidió a la Defensa la indemnización correspondiente con motivo de la muerte de Víctor Alfonso, y a Juan Carlos por las lesiones.
Demandó que se inicie el procedimiento administrativo de investigación correspondiente, en contra del personal militar que intervino en los hechos, así como acciones al Procurador de Justicia Militar.
En Badiraguato, Sinaloa, cuatro personas más murieron el 26 de marzo de 2008, cuando se transportaban en un vehículo Hummer H2.
La CNDH acreditó uso excesivo de la fuerza pública y de las armas de fuego; detención arbitraria; derecho a la vida y a la integridad física, y legalidad y seguridad jurídica.
Demandó la reparación del daño de sobrevivientes y familiares e iniciar el procedimiento administrativo de investigación, así como que la Procuraduría Militar incie la investigación respectiva a las conductas cometidas en contra de los agraviados por servidores públicos de la Sedena.
En sus recomendaciones, la CNDH subraya que la Sedena debe capacitar al personal en el activo para afrontar situaciones en las que resultan violadas garantías de civiles.
Aquel día, soldados adscritos al 12 Batallón de Infantería habían colocado un retén y dispararon sus armas contra una camioneta pick up marca Ford, tipo Courier XL, modelo 2001, en la que viajaba Víctor acompañado por Juan Carlos Peñaloza, de 19 años, quien quedó lesionado.
El argumento que dio uno de los soldados para efectuar los disparos es que a los jóvenes se les marcó el alto, pero no obedecieron.
En este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó violación al derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, porque los hechos sucedieron mientras estaban vigentes medidas cautelares solicitadas por el organismo.
La CNDH documentó que los militares hicieron uso excesivo de la fuerza y de las armas de fuego.
Ante lo sucedido, la CNDH pidió a la Defensa la indemnización correspondiente con motivo de la muerte de Víctor Alfonso, y a Juan Carlos por las lesiones.
Demandó que se inicie el procedimiento administrativo de investigación correspondiente, en contra del personal militar que intervino en los hechos, así como acciones al Procurador de Justicia Militar.
En Badiraguato, Sinaloa, cuatro personas más murieron el 26 de marzo de 2008, cuando se transportaban en un vehículo Hummer H2.
La CNDH acreditó uso excesivo de la fuerza pública y de las armas de fuego; detención arbitraria; derecho a la vida y a la integridad física, y legalidad y seguridad jurídica.
Demandó la reparación del daño de sobrevivientes y familiares e iniciar el procedimiento administrativo de investigación, así como que la Procuraduría Militar incie la investigación respectiva a las conductas cometidas en contra de los agraviados por servidores públicos de la Sedena.
En sus recomendaciones, la CNDH subraya que la Sedena debe capacitar al personal en el activo para afrontar situaciones en las que resultan violadas garantías de civiles.
Reforma, 11 de julio.
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