El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), Enrique Pereda, consideró que con las resoluciones de la Corte sobre los espots contratados por ciudadanos el problema “cae en nosotros, con multas hasta de 100 mil días de salario mínimo. Puede ser que busquen contratar medios y ellos no van a tener sanciones, ni los partidos. Creo que no es parejo, por lo que tendremos que ir cerrando las puertas a todos, eso nos queda claro”.
Pereda acudió al Instituto Federal Electoral (IFE) para participar en el foro Naturaleza y alcances de la reforma electoral en perspectiva comparada, donde sostuvo que la CIRT “no está en un combate con el IFE (en relación con la administración de tiempos oficiales para propaganda de partidos), porque el instituto no buscó administrar esos tiempos, sino le cae una nueva responsabilidad”.
Obsequioso con el organismo –donde en ese momento se distribuía el nuevo reglamento que ya anulaba las inspecciones in situ a las empresas que incumplan con la transmisión de espots–, Pereda continuó: “en las campañas ciudadanas que el IFE necesite vamos a contribuir, porque creo que la base de nuestra democracia es el instituto”.
Los concesionarios respetarán la ley
Durante el foro, el consejero presidente Leonardo Valdés consideró que la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no reducirá en modo alguno la capacidad sancionadora del instituto en la contratación ilegal de espots. “Estoy seguro de que los concesionarios de radio y televisión observarán la ley y se abstendrán de vender tiempo a quienes quieran comprarlo”.
Por otro lado, se refirió a la infraestructura que tendrá el IFE para la distribución y el monitoreo de promocionales de los partidos políticos: “lo que vamos a hacer con la ampliación presupuestal que nos va a otorgar la Secretaría de Hacienda –estoy seguro de que lo hará– es comprar equipo para 150 puntos de monitoreo”.
A pregunta expresa del auditorio, dijo que el IFE no pretende contratar mucho personal para asumir esas nuevas responsabilidades, “porque pusimos énfasis en tratar de trabajar con lo más desarrollado, en términos de tecnología. Evidentemente deberemos tener cuidado con que se vaya actualizando, conforme existan avances que nos permitan ir desempeñando esta actividad con total apego a la ley”.
Consideró que será necesario modificar los lineamientos que en su momento el IFE aprobó para regular el artículo 134 constitucional, relativo a la prohibición a los funcionarios de aparecer en los promocionales institucionales. Sostuvo que esto deriva del hecho de que en su momento el Congreso de la Unión no realizó las reformas pertinentes y, por tanto, el acuerdo aprobado por el Consejo General del IFE que, según dijo, tenía carácter de “provisional”, sea adaptado.
Al respecto, Pereda cuestionó las restricciones a la publicidad institucional, particularmente las relacionadas con el periodo que tienen los mandatarios para promover sus informes. “Un gobernador, un presidente municipal, tiene que dar a conocer sus actividades. En cierta medida es necesario que tengan acceso a los medios, no nada más una vez al año, a lo mejor determinados meses, porque la ley sólo permite seis días antes del informe y cinco días después”.
Pereda acudió al Instituto Federal Electoral (IFE) para participar en el foro Naturaleza y alcances de la reforma electoral en perspectiva comparada, donde sostuvo que la CIRT “no está en un combate con el IFE (en relación con la administración de tiempos oficiales para propaganda de partidos), porque el instituto no buscó administrar esos tiempos, sino le cae una nueva responsabilidad”.
Obsequioso con el organismo –donde en ese momento se distribuía el nuevo reglamento que ya anulaba las inspecciones in situ a las empresas que incumplan con la transmisión de espots–, Pereda continuó: “en las campañas ciudadanas que el IFE necesite vamos a contribuir, porque creo que la base de nuestra democracia es el instituto”.
Los concesionarios respetarán la ley
Durante el foro, el consejero presidente Leonardo Valdés consideró que la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no reducirá en modo alguno la capacidad sancionadora del instituto en la contratación ilegal de espots. “Estoy seguro de que los concesionarios de radio y televisión observarán la ley y se abstendrán de vender tiempo a quienes quieran comprarlo”.
Por otro lado, se refirió a la infraestructura que tendrá el IFE para la distribución y el monitoreo de promocionales de los partidos políticos: “lo que vamos a hacer con la ampliación presupuestal que nos va a otorgar la Secretaría de Hacienda –estoy seguro de que lo hará– es comprar equipo para 150 puntos de monitoreo”.
A pregunta expresa del auditorio, dijo que el IFE no pretende contratar mucho personal para asumir esas nuevas responsabilidades, “porque pusimos énfasis en tratar de trabajar con lo más desarrollado, en términos de tecnología. Evidentemente deberemos tener cuidado con que se vaya actualizando, conforme existan avances que nos permitan ir desempeñando esta actividad con total apego a la ley”.
Consideró que será necesario modificar los lineamientos que en su momento el IFE aprobó para regular el artículo 134 constitucional, relativo a la prohibición a los funcionarios de aparecer en los promocionales institucionales. Sostuvo que esto deriva del hecho de que en su momento el Congreso de la Unión no realizó las reformas pertinentes y, por tanto, el acuerdo aprobado por el Consejo General del IFE que, según dijo, tenía carácter de “provisional”, sea adaptado.
Al respecto, Pereda cuestionó las restricciones a la publicidad institucional, particularmente las relacionadas con el periodo que tienen los mandatarios para promover sus informes. “Un gobernador, un presidente municipal, tiene que dar a conocer sus actividades. En cierta medida es necesario que tengan acceso a los medios, no nada más una vez al año, a lo mejor determinados meses, porque la ley sólo permite seis días antes del informe y cinco días después”.
Alonso Urrutia, La Jornada, 9 de julio.
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