Con matices PRI, PAN y PRD reconocieron que hay omisiones en la reforma electoral que pueden afectar la elección, por lo que urgieron al IFE a incluir en su reglamentación aspectos pendientes, particularmente en la Ley de Radio y Televisión, como las sanciones a los concesionarios, el uso de recursos públicos por parte de funcionarios y el derecho de réplica, al rechazar que el nuevo modelo viole la libertad de expresión.
Por su parte, el IFE respaldó los cambios aprobados por el Congreso al nuevo modelo de relaciones entre medios y fuerzas políticas, al subrayar el consejero presidente, Leonardo Valdés, que las nuevas condiciones “permitirán a los partidos acceder de manera equitativa y alejar las campañas del denuesto”.
A 86 días de iniciar el proceso electoral de 2009, el IFE organizó el foro “Naturaleza y alcances de la reforma electoral mexicana en perspectiva comparada”, en el que especialistas y legisladores evaluaron la recién aprobada reforma electoral, en vísperas de que el instituto apruebe decenas de nuevos reglamentos para aplicar la normatividad.
El ex presidente del IFE y senador perredista, Arturo Núñez, afirmó que combatir el peso del dinero en las elecciones fue el gran objetivo de esta reforma, porque el número uno es impedir una plutocracia en la que el poder devenga de quien tiene más dinero para comprar spots en los medios.
Recordó que con el modelo de 1996 surgieron casos como el Pemexgate del PRI, los Amigos de Fox del PAN y los videoescándalos del PRD; por ello se adoptó un modelo aplicado en otros países, en el que ya “los insolentes poderes fácticos” no influyan para motivar el voto.
El diputado perredista Juan Guerra destacó, sin embargo, que quedaron pendientes porque el PRI no quiso ir adelante en la reforma a la Ley de Radio y Televisión, pues “vaciló ante la seducción de los poderes fácticos de la televisión”, y ahora las presiones están sobre los jueces que tramitan amparos, pero el IFE “tiene los medios” para exigir la equidad en la contienda.
El secretario general del PRI y senador, Jesús Murillo, rechazó que la reforma atente contra la libertad de expresión, “en todo caso será a la libertad de comercialización”, sostuvo, porque la Constitución no le prohíbe a nadie que diga lo que quiera.
A su vez, el diputado priista Carlos Armando Biebrich reconoció que sí hay omisiones en la reforma por no haber ajustado las sanciones a concesionarios en la Ley de Radio y Televisión, pero el IFE sí tiene en el Cofipe y otras normas los instrumentos para establecer lineamientos y reglamentos.
Refirió que se puede recurrir a la Ley de Radio y Televisión vigente y al 134 constitucional. Sin embargo, el panista Ricardo García Cervantes dijo que habrá omisiones que no se pueden solventar del todo, porque no hay la supletoriedad del Cofipe y el IFE no puede ir más allá de lo aprobado por el Congreso.
En su exposición, Valdés Zurita sostuvo que la libertad de expresión no puede ejercerse como un derecho que difame o denigre al adversario en la contienda o como un subterfugio para comercializar, sin limitación alguna, aquellos bienes públicos que son concesionados del Estado.
Por su parte, el IFE respaldó los cambios aprobados por el Congreso al nuevo modelo de relaciones entre medios y fuerzas políticas, al subrayar el consejero presidente, Leonardo Valdés, que las nuevas condiciones “permitirán a los partidos acceder de manera equitativa y alejar las campañas del denuesto”.
A 86 días de iniciar el proceso electoral de 2009, el IFE organizó el foro “Naturaleza y alcances de la reforma electoral mexicana en perspectiva comparada”, en el que especialistas y legisladores evaluaron la recién aprobada reforma electoral, en vísperas de que el instituto apruebe decenas de nuevos reglamentos para aplicar la normatividad.
El ex presidente del IFE y senador perredista, Arturo Núñez, afirmó que combatir el peso del dinero en las elecciones fue el gran objetivo de esta reforma, porque el número uno es impedir una plutocracia en la que el poder devenga de quien tiene más dinero para comprar spots en los medios.
Recordó que con el modelo de 1996 surgieron casos como el Pemexgate del PRI, los Amigos de Fox del PAN y los videoescándalos del PRD; por ello se adoptó un modelo aplicado en otros países, en el que ya “los insolentes poderes fácticos” no influyan para motivar el voto.
El diputado perredista Juan Guerra destacó, sin embargo, que quedaron pendientes porque el PRI no quiso ir adelante en la reforma a la Ley de Radio y Televisión, pues “vaciló ante la seducción de los poderes fácticos de la televisión”, y ahora las presiones están sobre los jueces que tramitan amparos, pero el IFE “tiene los medios” para exigir la equidad en la contienda.
El secretario general del PRI y senador, Jesús Murillo, rechazó que la reforma atente contra la libertad de expresión, “en todo caso será a la libertad de comercialización”, sostuvo, porque la Constitución no le prohíbe a nadie que diga lo que quiera.
A su vez, el diputado priista Carlos Armando Biebrich reconoció que sí hay omisiones en la reforma por no haber ajustado las sanciones a concesionarios en la Ley de Radio y Televisión, pero el IFE sí tiene en el Cofipe y otras normas los instrumentos para establecer lineamientos y reglamentos.
Refirió que se puede recurrir a la Ley de Radio y Televisión vigente y al 134 constitucional. Sin embargo, el panista Ricardo García Cervantes dijo que habrá omisiones que no se pueden solventar del todo, porque no hay la supletoriedad del Cofipe y el IFE no puede ir más allá de lo aprobado por el Congreso.
En su exposición, Valdés Zurita sostuvo que la libertad de expresión no puede ejercerse como un derecho que difame o denigre al adversario en la contienda o como un subterfugio para comercializar, sin limitación alguna, aquellos bienes públicos que son concesionados del Estado.
Angélica Mercado, Milenio, 8 de julio.
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