Ingenieros, economistas y académicos discutieron ayer los alcances de los contratos incentivados que propone el Ejecutivo para mejorar la operación de Pemex.
Los invitados del Frente Amplio Progresista afirmaron que la figura es inconstitucional y sólo un disfraz para imponer los contratos de riesgo con compañías transnacionales y que ponen en riesgo la renta petrolera.
En contraste, los ponentes convocados por el PAN y el PRI urgieron para Pemex un régimen de adquisiciones y obras públicas más flexible para mejorar áreas de producción.
Al apoyar los contratos incentivados, argumentaron que no hay riesgos para la renta petrolera, ya que se trata de pagos en efectivo sin relación con el valor de la producción.
Alfonso Hickman, del Grupo de Ingenieros Constitución del 17, rechazó la creación de un régimen de excepción a Pemex en adquisiciones, contratos y obras públicas.
Añadió que los contratos incentivados propuestos repiten los controvertidos Contratos de Servicios Múltiples para la Cuenca de Burgos.
Carlos Huerta, asesor de los diputados del PRD, afirmó que, a través de contratos, las iniciativas del Gobierno pretenden ceder o transferir a las empresas multinacionales actividades estratégicas realizadas de manera exclusiva por el Estado.
El académico Víctor Rodríguez descalificó los contratos incentivados, pues dijo que permitirán al contratista adquirir de facto derechos de propiedad, mayores espacios de control de procesos operativos y de planeación, así como obtener una porción más elevada de la renta petrolera.
"Consideramos improcedente dar un cheque en blanco al Gobierno federal porque se ha ganado a pulso la desconfianza, el recelo de la ciudadanía al dar continuidad a los inconstitucionales Contratos de Servicios Múltiples", añadió el también asesor de Manuel Bartlett.
David Shields, analista de asuntos energéticos, urgió a modificar el régimen de contrataciones en Pemex como lo propone el Ejecutivo, pero advirtió que la iniciativa podría resultar demasiado discrecional.
"Es prioritario dar incentivos y tratar de eliminar trabas normativas agobiantes; sin embargo, los contratos incentivados parecerían tener una excesiva flexibilidad, absoluta", diría yo y amplia discrecionalidad, expresó Shields.
Sergio Guaso, funcionario de Pemex Exploración y Producción, sostuvo que los contratos incentivados de ninguna manera comprometen renta petrolera porque no incluyen pagos indefinidos.
La iniciativa del Ejecutivo, dijo, garantiza que los pagos serán siempre en efectivo y nunca con relación al valor de la producción. "Con esta disposición el destino de la renta petrolera se mantiene intacto", afirmó.
El catedrático en derecho Rogelio López Velarde afirmó que los contratos de desempeño son constitucionales y no son semejantes a los contratos de riesgo, prohibidos por la legislación.
"Estos contratos de desempeño sólo tienen el hecho de que se va a pagar en efectivo con base a resultados sin darle propiedad, sin compartir con la renta petrolera; simplemente se le paga por eficiencia" expuso.
Manuel Barquín, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, apuntó que México no tiene otra opción que aplicar los contratos con empresas en perforación y explotación, pues son los que se utilizan en el mundo.
Al avalar la propuesta del Ejecutivo sobre los contratos de desempeño o incentivados, el consultor Rubén Valdés dijo que, si bien no se mencionan en la Constitución, tampoco están prohibidos.
Los invitados del Frente Amplio Progresista afirmaron que la figura es inconstitucional y sólo un disfraz para imponer los contratos de riesgo con compañías transnacionales y que ponen en riesgo la renta petrolera.
En contraste, los ponentes convocados por el PAN y el PRI urgieron para Pemex un régimen de adquisiciones y obras públicas más flexible para mejorar áreas de producción.
Al apoyar los contratos incentivados, argumentaron que no hay riesgos para la renta petrolera, ya que se trata de pagos en efectivo sin relación con el valor de la producción.
Alfonso Hickman, del Grupo de Ingenieros Constitución del 17, rechazó la creación de un régimen de excepción a Pemex en adquisiciones, contratos y obras públicas.
Añadió que los contratos incentivados propuestos repiten los controvertidos Contratos de Servicios Múltiples para la Cuenca de Burgos.
Carlos Huerta, asesor de los diputados del PRD, afirmó que, a través de contratos, las iniciativas del Gobierno pretenden ceder o transferir a las empresas multinacionales actividades estratégicas realizadas de manera exclusiva por el Estado.
El académico Víctor Rodríguez descalificó los contratos incentivados, pues dijo que permitirán al contratista adquirir de facto derechos de propiedad, mayores espacios de control de procesos operativos y de planeación, así como obtener una porción más elevada de la renta petrolera.
"Consideramos improcedente dar un cheque en blanco al Gobierno federal porque se ha ganado a pulso la desconfianza, el recelo de la ciudadanía al dar continuidad a los inconstitucionales Contratos de Servicios Múltiples", añadió el también asesor de Manuel Bartlett.
David Shields, analista de asuntos energéticos, urgió a modificar el régimen de contrataciones en Pemex como lo propone el Ejecutivo, pero advirtió que la iniciativa podría resultar demasiado discrecional.
"Es prioritario dar incentivos y tratar de eliminar trabas normativas agobiantes; sin embargo, los contratos incentivados parecerían tener una excesiva flexibilidad, absoluta", diría yo y amplia discrecionalidad, expresó Shields.
Sergio Guaso, funcionario de Pemex Exploración y Producción, sostuvo que los contratos incentivados de ninguna manera comprometen renta petrolera porque no incluyen pagos indefinidos.
La iniciativa del Ejecutivo, dijo, garantiza que los pagos serán siempre en efectivo y nunca con relación al valor de la producción. "Con esta disposición el destino de la renta petrolera se mantiene intacto", afirmó.
El catedrático en derecho Rogelio López Velarde afirmó que los contratos de desempeño son constitucionales y no son semejantes a los contratos de riesgo, prohibidos por la legislación.
"Estos contratos de desempeño sólo tienen el hecho de que se va a pagar en efectivo con base a resultados sin darle propiedad, sin compartir con la renta petrolera; simplemente se le paga por eficiencia" expuso.
Manuel Barquín, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, apuntó que México no tiene otra opción que aplicar los contratos con empresas en perforación y explotación, pues son los que se utilizan en el mundo.
Al avalar la propuesta del Ejecutivo sobre los contratos de desempeño o incentivados, el consultor Rubén Valdés dijo que, si bien no se mencionan en la Constitución, tampoco están prohibidos.
Claudia Salazar , Érika Hernández y Alma Hernández, Reforma, 11 de julio.
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