Con el aval de todos los senadores y la mayoría de diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones presentó ayer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la propuesta de reforma energética de ese partido, la cual, sostuvo, moderniza y fortalece a Pemex sin privatización, “ni abierta ni simulada”, y sin vulnerar la Constitución.
Sin embargo, el proyecto legislativo del PRI permite la inversión privada, mediante contratos, para exploración en aguas profundas, pero están acotados en relación con la propuesta de Felipe Calderón, toda vez que deberán ser registrados ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), y difundidos por Internet.
Sin embargo, en forma paralela, la propuesta del PRI –al igual que la del Ejecutivo– prevé contrataciones sin licitación mediante procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa en casos, por ejemplo, de “innovaciones tecnológicas”.
Asimismo, señala que ante posibles controversias con las empresas extranjeras, Pemex se someta a la jurisdicción de “tribunales arbitrales nacionales o internacionales”.
Organismos descentralizados
Parte medular de la propuesta priísta es la modificación a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, con el propósito de facultar al Ejecutivo federal para constituir, por decreto, “organismos descentralizados con carácter estratégico, filiales de Pemex”, que podrán contratar con terceros obras y servicios para la refinación de crudo, construcción de ductos y para el transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y sus derivados.
En conferencia de prensa posterior, en la que estuvo acompañado por el coordinador de los diputados, Emilio Gamboa Patrón; el secretario general del PRI, Jesús Murillo Karam, y varios legisladores, Beltrones negó que su propuesta sea similar a la de Calderón. “Nada tiene de parecido; por el contrario, corrige en buena parte lo que él planteaba y llena las insuficiencias.”
El senador Murillo Karam sostuvo que se trata de una propuesta que atiende los postulados básicos del PRI, y afirmó que fue consultada con la dirigencia, con los gobernadores y los legisladores del tricolor.
El diputado Alfredo Ríos Camarena explicó que se hizo una interpretación de la Constitución “sumamente cuidadosa” para evitar “los vicios de inconstitucionalidad que podía haber contenido la iniciativa del Ejecutivo”.
Al presentar la propuesta, Beltrones explicó el contenido de las nueve iniciativas, tres de ellas de nueva creación –ley orgánica de Pemex, ley de la comisión nacional reguladora del petróleo y ley para la transición energética–, y declaró que los senadores priístas están listos para iniciar el trabajo de dictaminación.
Informó que las iniciativas cuentan con el respaldo de los 33 senadores y 20 diputados del PRI. No obstante, Jesús Ramírez Stabros, desde su escaño, le notificó que se acababa de recibir la firma de 90 legisladores, de un total de 106 que conforman la bancada tricolor en San Lázaro.
Al bajar de la tribuna, Beltrones fue felicitado por los integrantes de su bancada y también, de manera efusiva, por los coordinadores del PAN en ambas cámaras, Gustavo Madero y Héctor Larios.
Ayer mismo las nueve iniciativas fueron turnadas a las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos para que se dictaminen conjuntamente con la propuesta del Ejecutivo federal.
Beltrones insistió en que se trata de una propuesta integral, “completamente distinta a la que presentó el Ejecutivo, pero que también busca conciliar posiciones entre ésta y las que pueda presentar cualquier otro grupo parlamentario”.
Sin embargo, la reforma del PRI, al igual que la de Calderón, abre la posibilidad de la participación de empresas privadas en tareas de exploración, mediante contratos de servicios.
Los que propusieron los príístas se diferencian de los de “buen desempeño” del Ejecutivo en que no dejan sin definir el pago a contratistas y, en cambio, lo condicionan al mayor o menor éxito del proyecto y plantean la posibilidad de compensaciones o penalizaciones, según sea el caso.
En la exposición de motivos priísta se destaca que una de las principales aportaciones de las iniciativas es que Pemex podrá, en función del proyecto, condicionar el pago a que la obra tenga éxito, punto esencial para que el Estado no absorba la totalidad de la pérdida de las inversiones “tratándose de proyectos exploratorios en aguas profundas, que son altamente onerosos”.
Además, podrán incluirse compensaciones o penalizaciones, como parte de la remuneración a la empresa contratista, “conforme a indicadores que podrán contemplar la sustentabilidad ambiental, la oportunidad, la complejidad del proyecto, la incorporación de mejoras tecnológicas, la calidad de los trabajos, el menor tiempo de ejecución, la reducción de los costos para el contratante u otros orientados a maximizar la eficacia o el éxito de la obra o servicio”.
Estos cambios se incluyen en la nueva ley orgánica de Pemex.
Ante la propuesta de Calderón de privatizar la refinación de petróleo, el transporte y almacenamiento del hidrocarburo, la del PRI plantea que esas actividades las realicen “organismos descentralizados, filiales de Pemex”.
Para ello se plantea adicionar el artículo cuarto de la ley reglamentaria del 27 constitucional en el ramo del petróleo, con la finalidad de determinar que esas empresas filiales “estarán dotadas de plena autonomía de gestión y presupuestaria, incluyendo la regulación para la contratación de obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios”.
Filiales ciento por ciento Pemex
Cuestionados sobre la conformación de esas filiales, tanto Murillo Karam como el senador Francisco Labastida señalaron que su capital será ciento por ciento nacional y provendrá del propio Pemex y de los recursos adicionales que obtendrá mediante la autonomía financiera.
Labastida Ochoa sostuvo que no entra el sector privado y lo que se plantea es que “Pemex tenga facilidades para realizar y contratar obras en los sectores estratégicos”.
El coordinador de los senadores del PAN, Gustavo Madero, dijo que estaba “lleno de optimismo y de entusiasmo” al saber que el PRI presentó una propuesta que “enriquece la discusión”.
Estamos próximos, agregó el panista, “a entrar a la fase final de dictaminación y construcción de consensos”.
Sin embargo, el proyecto legislativo del PRI permite la inversión privada, mediante contratos, para exploración en aguas profundas, pero están acotados en relación con la propuesta de Felipe Calderón, toda vez que deberán ser registrados ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), y difundidos por Internet.
Sin embargo, en forma paralela, la propuesta del PRI –al igual que la del Ejecutivo– prevé contrataciones sin licitación mediante procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa en casos, por ejemplo, de “innovaciones tecnológicas”.
Asimismo, señala que ante posibles controversias con las empresas extranjeras, Pemex se someta a la jurisdicción de “tribunales arbitrales nacionales o internacionales”.
Organismos descentralizados
Parte medular de la propuesta priísta es la modificación a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, con el propósito de facultar al Ejecutivo federal para constituir, por decreto, “organismos descentralizados con carácter estratégico, filiales de Pemex”, que podrán contratar con terceros obras y servicios para la refinación de crudo, construcción de ductos y para el transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y sus derivados.
En conferencia de prensa posterior, en la que estuvo acompañado por el coordinador de los diputados, Emilio Gamboa Patrón; el secretario general del PRI, Jesús Murillo Karam, y varios legisladores, Beltrones negó que su propuesta sea similar a la de Calderón. “Nada tiene de parecido; por el contrario, corrige en buena parte lo que él planteaba y llena las insuficiencias.”
El senador Murillo Karam sostuvo que se trata de una propuesta que atiende los postulados básicos del PRI, y afirmó que fue consultada con la dirigencia, con los gobernadores y los legisladores del tricolor.
El diputado Alfredo Ríos Camarena explicó que se hizo una interpretación de la Constitución “sumamente cuidadosa” para evitar “los vicios de inconstitucionalidad que podía haber contenido la iniciativa del Ejecutivo”.
Al presentar la propuesta, Beltrones explicó el contenido de las nueve iniciativas, tres de ellas de nueva creación –ley orgánica de Pemex, ley de la comisión nacional reguladora del petróleo y ley para la transición energética–, y declaró que los senadores priístas están listos para iniciar el trabajo de dictaminación.
Informó que las iniciativas cuentan con el respaldo de los 33 senadores y 20 diputados del PRI. No obstante, Jesús Ramírez Stabros, desde su escaño, le notificó que se acababa de recibir la firma de 90 legisladores, de un total de 106 que conforman la bancada tricolor en San Lázaro.
Al bajar de la tribuna, Beltrones fue felicitado por los integrantes de su bancada y también, de manera efusiva, por los coordinadores del PAN en ambas cámaras, Gustavo Madero y Héctor Larios.
Ayer mismo las nueve iniciativas fueron turnadas a las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos para que se dictaminen conjuntamente con la propuesta del Ejecutivo federal.
Beltrones insistió en que se trata de una propuesta integral, “completamente distinta a la que presentó el Ejecutivo, pero que también busca conciliar posiciones entre ésta y las que pueda presentar cualquier otro grupo parlamentario”.
Sin embargo, la reforma del PRI, al igual que la de Calderón, abre la posibilidad de la participación de empresas privadas en tareas de exploración, mediante contratos de servicios.
Los que propusieron los príístas se diferencian de los de “buen desempeño” del Ejecutivo en que no dejan sin definir el pago a contratistas y, en cambio, lo condicionan al mayor o menor éxito del proyecto y plantean la posibilidad de compensaciones o penalizaciones, según sea el caso.
En la exposición de motivos priísta se destaca que una de las principales aportaciones de las iniciativas es que Pemex podrá, en función del proyecto, condicionar el pago a que la obra tenga éxito, punto esencial para que el Estado no absorba la totalidad de la pérdida de las inversiones “tratándose de proyectos exploratorios en aguas profundas, que son altamente onerosos”.
Además, podrán incluirse compensaciones o penalizaciones, como parte de la remuneración a la empresa contratista, “conforme a indicadores que podrán contemplar la sustentabilidad ambiental, la oportunidad, la complejidad del proyecto, la incorporación de mejoras tecnológicas, la calidad de los trabajos, el menor tiempo de ejecución, la reducción de los costos para el contratante u otros orientados a maximizar la eficacia o el éxito de la obra o servicio”.
Estos cambios se incluyen en la nueva ley orgánica de Pemex.
Ante la propuesta de Calderón de privatizar la refinación de petróleo, el transporte y almacenamiento del hidrocarburo, la del PRI plantea que esas actividades las realicen “organismos descentralizados, filiales de Pemex”.
Para ello se plantea adicionar el artículo cuarto de la ley reglamentaria del 27 constitucional en el ramo del petróleo, con la finalidad de determinar que esas empresas filiales “estarán dotadas de plena autonomía de gestión y presupuestaria, incluyendo la regulación para la contratación de obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios”.
Filiales ciento por ciento Pemex
Cuestionados sobre la conformación de esas filiales, tanto Murillo Karam como el senador Francisco Labastida señalaron que su capital será ciento por ciento nacional y provendrá del propio Pemex y de los recursos adicionales que obtendrá mediante la autonomía financiera.
Labastida Ochoa sostuvo que no entra el sector privado y lo que se plantea es que “Pemex tenga facilidades para realizar y contratar obras en los sectores estratégicos”.
El coordinador de los senadores del PAN, Gustavo Madero, dijo que estaba “lleno de optimismo y de entusiasmo” al saber que el PRI presentó una propuesta que “enriquece la discusión”.
Estamos próximos, agregó el panista, “a entrar a la fase final de dictaminación y construcción de consensos”.
Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, 24 de julio.
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