En medio de presiones de los concesionarios, solicitud de postergación de la discusión por parte del PRI y PRD, y toda una jornada de cabildeo entre partidos políticos, consejeros electorales, asesores y funcionarios, el Consejo General del IFE discutía al cierre de esta edición el reglamento de radio y televisión.
El reglamento, considerado como el más importante pues regulará el aspecto central de la reciente reforma electoral que modificó el modelo de comunicación política entre partidos y medios electrónicos, fue agendado desde el jueves como el último punto del orden del día de la sesión que contempló 15 puntos y una veintena de reglamentos.
La norma que prohíbe a particulares y partidos contratar publicidad política en radio y televisión y da al IFE atribuciones exclusivas para la distribución de los spots partidistas en tiempos oficiales del Estado fue objeto durante todo el día de cabildeos para "suavizarlo".
Ante las presiones de concesionarios y de partidos, a las 20.00 horas se decretó un receso, y la discusión de su contenido se prolongó hasta la madrugada de este viernes.
Al retomarse la discusión, en la mesa del Consejo se debatía la posibilidad de modificar las definiciones sobre concesionario y permisionario para que se incluyera a las empresas de televisión restringida (televisión por cable) que no estaban incluidas en el proyecto circulado.
En el proyecto original se hablaba de empresas "del espectro radioeléctrico", que hacía referencia a la televisión abierta y excluía a las "cableras", identificadas como Redes Públicas de Telecomunicaciones.
El consejero Marco Gómez, quien durante todo el tiempo de negociación del reglamento se opuso a la inclusión de las televisión restringida en el mismo, propuso, ante la presión y la solicitud de los partidos, que en un artículo transitorio se pusiera un plazo de 30 días "para analizar la posibilidad legal de pautar o no pautar a las empresas de cable".
También propuso otro transitorio para abrir un periodo de 60 días para definir los criterios relacionados con los límites a la libertad de expresión, la aplicación del artículo 134 de la Constitución (que hace referencia a los servidores públicos), y los criterios para definir la publicidad política y electoral.
Fue una discusión que inició después de que el secretario ejecutivo del Instituto Edmundo Jacobo Molina expuso el resultado de lo que dijo fueron intensas y complejas discusiones sobre "un instrumento absolutamente estratégico".
Sebastián Lerdo de Tejada, representante del PRI, solicitó de inmediato que se postergara la discusión de un reglamento "que es uno de los instrumentos medulares de la reforma electoral" y del cual había recibido su partido la sexta versión en siete días a las 17:00 horas de ayer, cuando ya estaba en marcha la sesión del Consejo.
El reglamento, considerado como el más importante pues regulará el aspecto central de la reciente reforma electoral que modificó el modelo de comunicación política entre partidos y medios electrónicos, fue agendado desde el jueves como el último punto del orden del día de la sesión que contempló 15 puntos y una veintena de reglamentos.
La norma que prohíbe a particulares y partidos contratar publicidad política en radio y televisión y da al IFE atribuciones exclusivas para la distribución de los spots partidistas en tiempos oficiales del Estado fue objeto durante todo el día de cabildeos para "suavizarlo".
Ante las presiones de concesionarios y de partidos, a las 20.00 horas se decretó un receso, y la discusión de su contenido se prolongó hasta la madrugada de este viernes.
Al retomarse la discusión, en la mesa del Consejo se debatía la posibilidad de modificar las definiciones sobre concesionario y permisionario para que se incluyera a las empresas de televisión restringida (televisión por cable) que no estaban incluidas en el proyecto circulado.
En el proyecto original se hablaba de empresas "del espectro radioeléctrico", que hacía referencia a la televisión abierta y excluía a las "cableras", identificadas como Redes Públicas de Telecomunicaciones.
El consejero Marco Gómez, quien durante todo el tiempo de negociación del reglamento se opuso a la inclusión de las televisión restringida en el mismo, propuso, ante la presión y la solicitud de los partidos, que en un artículo transitorio se pusiera un plazo de 30 días "para analizar la posibilidad legal de pautar o no pautar a las empresas de cable".
También propuso otro transitorio para abrir un periodo de 60 días para definir los criterios relacionados con los límites a la libertad de expresión, la aplicación del artículo 134 de la Constitución (que hace referencia a los servidores públicos), y los criterios para definir la publicidad política y electoral.
Fue una discusión que inició después de que el secretario ejecutivo del Instituto Edmundo Jacobo Molina expuso el resultado de lo que dijo fueron intensas y complejas discusiones sobre "un instrumento absolutamente estratégico".
Sebastián Lerdo de Tejada, representante del PRI, solicitó de inmediato que se postergara la discusión de un reglamento "que es uno de los instrumentos medulares de la reforma electoral" y del cual había recibido su partido la sexta versión en siete días a las 17:00 horas de ayer, cuando ya estaba en marcha la sesión del Consejo.
Guadalupe Irízar, Reforma, 11 de julio.
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