La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), manifestó su preocupación por el incremento de las agresiones contra periodistas, principalmente por los homicidios y desapariciones, así como por la impunidad imperante ante esos delitos.
De 1991 a la fecha, añadió, se han radicado en la CNDH 652 expedientes relacionados con violaciones a los derechos humanos de comunicadores, lo que permite asegurar que en México el periodismo se ha convertido en “una profesión de alto riesgo”.
Resaltó que de 2000 a 2008 ha radicado expedientes relacionados con la muerte de 41 periodistas o trabajadores de los medios de comunicación, asesinados, presumiblemente, por razón de su labor. De igual forma, de 2005 a 2008 se ha documentado la desaparición de ocho periodistas.
Destacó que el número de expedientes de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos de los comunicadores muestra una tendencia al alza: en 2005 se radicaron 43 expedientes; en 2006, 72; en 2007, 84, y en lo que va de este año la cifra es de 41.
De 1991 a 1999 se abrieron 232 expedientes de queja, en tanto que de 2000 a 2008 los casos conocidos por la institución suman 420, es decir, en los pasados nueve años aumentaron en 81 por ciento. Así, el promedio anual de quejas por agravios contra periodistas de 1991 a 1999 fue de 25, en tanto que de 2000 a 2008, el promedio es de 46.
Autoridades omisas
La CNDH señala que es alarmante la cantidad de ocasiones en que la autoridad ha actuado débilmente, sin compromiso, omisa frente a su responsabilidad de investigar y procurar justicia.
“Es deber del Estado mexicano erradicar la impunidad de quienes atentan contra la libertad de expresión. Lograrlo no sólo desalentará la comisión de delitos en perjuicio de los periodistas, sino que abrirá espacios para la construcción de una sociedad mejor informada y por tanto más libre, participativa y democrática.”
Refirió, además, que entre las autoridades señaladas con mayor frecuencia como presuntamente responsables de agresiones contra reporteros sobresalen las dedicadas a la prevención del delito y a la procuración de justicia.
En la mayoría de los casos la presunción de responsabilidad deriva de su deficiente desempeño en la investigación y persecución de los delitos cometidos en perjuicio de periodistas; lo anterior, sin menoscabo de aquellos casos en que los agentes del Estado obligados a brindar garantías de seguridad han cometido el agravio.
De 1991 a la fecha, añadió, se han radicado en la CNDH 652 expedientes relacionados con violaciones a los derechos humanos de comunicadores, lo que permite asegurar que en México el periodismo se ha convertido en “una profesión de alto riesgo”.
Resaltó que de 2000 a 2008 ha radicado expedientes relacionados con la muerte de 41 periodistas o trabajadores de los medios de comunicación, asesinados, presumiblemente, por razón de su labor. De igual forma, de 2005 a 2008 se ha documentado la desaparición de ocho periodistas.
Destacó que el número de expedientes de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos de los comunicadores muestra una tendencia al alza: en 2005 se radicaron 43 expedientes; en 2006, 72; en 2007, 84, y en lo que va de este año la cifra es de 41.
De 1991 a 1999 se abrieron 232 expedientes de queja, en tanto que de 2000 a 2008 los casos conocidos por la institución suman 420, es decir, en los pasados nueve años aumentaron en 81 por ciento. Así, el promedio anual de quejas por agravios contra periodistas de 1991 a 1999 fue de 25, en tanto que de 2000 a 2008, el promedio es de 46.
Autoridades omisas
La CNDH señala que es alarmante la cantidad de ocasiones en que la autoridad ha actuado débilmente, sin compromiso, omisa frente a su responsabilidad de investigar y procurar justicia.
“Es deber del Estado mexicano erradicar la impunidad de quienes atentan contra la libertad de expresión. Lograrlo no sólo desalentará la comisión de delitos en perjuicio de los periodistas, sino que abrirá espacios para la construcción de una sociedad mejor informada y por tanto más libre, participativa y democrática.”
Refirió, además, que entre las autoridades señaladas con mayor frecuencia como presuntamente responsables de agresiones contra reporteros sobresalen las dedicadas a la prevención del delito y a la procuración de justicia.
En la mayoría de los casos la presunción de responsabilidad deriva de su deficiente desempeño en la investigación y persecución de los delitos cometidos en perjuicio de periodistas; lo anterior, sin menoscabo de aquellos casos en que los agentes del Estado obligados a brindar garantías de seguridad han cometido el agravio.
La Jornada, 21 de julio.
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