Peligroso para la democracia, no tomar en cuenta la opinión ciudadana: observadores

Para representantes de la comunidad internacional “es realmente muy peligroso para la democracia” que los legisladores mexicanos no tomen en cuenta la opinión de los ciudadanos al momento de votar en el Congreso una reforma tan importante como la iniciativa en materia petrolera.

Las consecuencias –coincidieron con matices— pueden ir desde perder el respaldo de la población en las urnas o afectar la legitimidad de las instituciones democráticas, hasta las protestas y movilizaciones en las calles.

Así se pronunciaron ayer los integrantes de un grupo de observadores internacionales procedentes de naciones como Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Nicaragua, Brasil, Federación Rusa y Vietnam, invitados por el Partido del Trabajo para supervisar el desarrollo de la consulta efectuada ayer en las 16 delegaciones políticas de la ciudad de México.

Antes del recorrido por distintas mesas receptoras, la mayoría de ellos externaron su opinión acerca de ese mecanismo de consulta, que consideraron fundamental para el fortalecimiento democrático.

Juan Canesa, integrante del gobierno municipal de Montevideo, Uruguay, y miembro del partido Frente Amplio, consideró que cuando está de por medio el destino de los recursos que son propiedad de toda la sociedad, el pueblo debe opinar. Dijo que en el caso de los uruguayos, “a través de referendos hemos logrado en los años del neoliberalismo defender las empresas petrolera, telefónica, de electricidad y de agua, para que sigan en manos del Estado y beneficiar a la sociedad”, caso contrario –según dijo— al “desastre de las privatizaciones” que se vivieron en Argentina durante la gestión de Carlos Menem.

Cuestionado sobre la negativa del gobierno federal emanado del PAN a convocar a esta consulta, añadió: “Es un síntoma de que las derechas en todo el mundo no apuestan por la participación de los ciudadanos. Hacen foros y hablan de la democracia, pero en el momento de respetarla y llevarla adelante, le dan la espalda”.

De la posibilidad de que no se tomen en cuenta los resultados de esa consulta, Canesa remarcó: “Es realmente algo muy peligroso para la democracia cuando los representantes del pueblo no respetan la opinión del pueblo, y pasa que los ciudadanos les dén la espalda y no los reelija”.

Carlos Verón, del Partido Comunista de Paraguay, dijo: “Como latinoamericano, lo que siempre valoré fue que en la década de los 30 el gobierno mexicano hubiera recuperado para el pueblo la producción petrolera, y me parece que sería un retroceso que aquello que se recuperó ahora tenga que revertirse en función de los intereses del sector privado.”

A nivel de América Latina, dijo, “tenemos que defendernos de la voracidad de las multinacionales y de los sectores privados locales de querer quitar al pueblo los recursos que tendrían que beneficiar a toda la sociedad”, de ahí que también cuestionó la posible negativa del Congreso a escuchar la voz de la gente: “Creo que sí habrá una respuesta clara en términos de movilización y reclamo, cada vez más fuerte”.

Gerardo García, diputado del gobernante Movimiento Al Socialismo, de Bolivia, exaltó la consulta en materia energética y detalló que su país ha logrado recuperar el sector petrolero de manos privadas para el beneficio de todo el pueblo boliviano.

“Pienso que lo mismo debe ser en México y en todos los países que tenemos petróleo, tratar de recuperarlo para que así se mejore la educación, la salud y las condiciones de vida de la gente”, y manifestó que el principal riesgo de no escuchar a la sociedad es que “el pueblo se levante y, en algún momento, haga justicia”.

Carlos Fonseca, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, de Nicaragua, pidió ir más allá de que “el pueblo elige, pero no decide”, e incluso dijo que sería una “excelente iniciativa, digna de ser imitada por muchas fuerzas políticas de América Latina”, el tomar la opinión de la sociedad en temas vitales.

Julio Ugas, del Partido Comunista de Chile, indicó que “si la consulta, aun no siendo vinculatoria, arroja un resultado abrumador por parte de la ciudadanía para mantener su industria petrolera como hasta ahora y es considerada legítima, pues, obligatoriamente, quienes toman las decisiones deberán tenerla en consideración”.

Ronaldo Carmona, de Brasil, dijo: “El crimen del gobierno al intentar privatizar el patrimonio de los mexicanos es más grave cuando se ve que en el mundo la tendencia es aumentar la participación del Estado en la industria del petróleo, no disminuirla”.

Al final del recorrido, los observadores aseguraron que no detectaron anomalías ni conflictos más allá de que se prohibió a gente del estado de México emitir su opinión.

Raúl Llanos Samaniego, La Jornada, 28 de julio.