Maribel “N” vive en el DF y necesita interrumpir su embarazo. Julia “N” radica en San Luis Potosí y también lo requiere. Ambas acudieron al Hospital Materno-Infantil Inguarán, donde la primera rechazó el servicio por considerarlo inseguro y de mala calidad, y a la segunda se lo negaron.
A Maribel, en el consultorio 1, la enfermera en turno le dijo que el tratamiento sería en su casa y consistiría en la toma de cuatro pastillas cada seis horas por tres ocasiones. El riesgo, le explicó, es que si una hora después de desechar el producto llenas dos toallas sanitarias con sangre, tiene que buscar un hospital del GDF. “Aquí no te podemos recibir porque el área de cirugía está en remodelación”.
Tras esto, Maribel pensó en los riesgos que corría y antes de ingresar al consultorio donde una doctora le entregaría los fármacos, decidió irse. Eran las 10 de la mañana del martes 8 de julio.
Julia llegó al sanatorio a las 7:00 horas del 9 de julio. Le explicó a la recepcionista que su embarazo estaba muy adelantado, casi las 12 semanas, y ella le respondió que no podían atenderla porque no tenía la credencial de elector. “Fue muy grosera. Me dijo: ‘no damos servicio a desconocidos y tú eres una desconocida’”.
MARIBEL “N”. Tiene 30 años y decide interrumpir el embarazo porque no quería ser mamá soltera. Era algo no planeado. Además su pareja la abandonó tras conocer que estaba encinta.
Buscó las opciones para llevar a cabo el aborto y así llegó al Hospital Materno-Infantil Inguarán a pedir informes. Era el 3 de julio y recibió el primer regaño: ya no es aborto, se llama interrupción legal del embarazo.
Le piden unos análisis: ultrasonido y exámenes preoperatorios, los cuales le costaron 500 en un laboratorio particular, además de una identificación oficial y comprobante de domicilio. “Pensé: me van a pasar a un quirófano para el legrado”.
El 7 de julio llegó a las 7:00 horas y un policía le pregunta: “¿a dónde vas?”
—Voy a interrupción.
—El oficial responde con un grito: “interrupción, por allá”.
—Todos se enteran. Te cohíbes porque no quieres que la gente sepa a lo que vas.
Junto a Maribel había 12 mujeres más. Cinco ya estaban en lista y las demás esperaban a ver si las recibían. Corre con suerte y entra al hospital.
“Nos dieron una hoja —consentimiento informado— donde vienen los riesgos que puede tener la interrupción del embarazo, como enfermedades, infecciones o lesiones y que son responsabilidad de la solicitante, no del hospital”.
Después de esto, narra, pasamos al consultorio 1. Una enfermera nos explicó que el aborto sería en nuestras casas. “El procedimiento consiste en tres dosis de pastillas cada seis horas”.
Nos dijo que hay un factor de riesgo: si una hora después de desechar el producto llenan dos toallas femeninas con sangre, deben buscar un hospital del GDF para que las atiendan, porque en éste el área de cirugía está en remodelación y no hay servicio.
Si esto no pasa, confió la enfermera, prácticamente ya están fuera de peligro. No hay problema. En una semana o 15 días regresan con otro ultrasonido para verificar que no haya quedado nada en el útero.
Tras esta información, Maribel se cuestionó que estaba poniendo en riesgo su vida. “Vas a tener un aborto sin supervisión médica. Es como si fueras al mercado de Sonora o compras unas pastillas en una farmacia. Si te pones mal, es tu riesgo. Se supone que la ley fue aprobada para que las mujeres no corrieran riesgos.
“Me parece grave que mientras te tomas las pastillas no te quedes en el hospital por si surge alguna complicación”.
Señala que otro punto que le provocó inseguridad, fue que la persona que siempre estuvo al lado de la enfermera —una doctora— dijo que su obligación era pedirles un cultivo vaginal para saber si había alguna infección, pero está en los requisitos.
“Al ver y oír todo esto, decidí salirme a las 10 de la mañana y no realizarme el legrado”, puntualiza.
Aún Maribel quería el aborto y va a un servicio privado. Le explican que la operación cuesta 6 mil pesos. “Tendría una cirugía y estaría en observación varias horas. Al hacerme ultrasonido, me dijeron que a lo mejor era una niña. Después de tanto sufrimiento, decidí no abortar”.
JULIA “N”. Llega con dos familiares el 8 de julio al DF por la mañana. Acude al Hospital General Balbuena y recibe el primer rechazo: no le pueden brindar el servicio, porque no estaban autorizados. Le dan el nombre de otros sanatorios, pero sin su dirección. Esto complica su problema porque no conoce la ciudad. En su peregrinar, llega al centro de salud Dr. Atanasio Garza Río. Ahí le entregan un pase para el Hospital Materno-Infantil Inguarán.
Un día después, el 9 de julio, llega al Hospita Inguarán y entrega un ultrasonido que previamente se había tomado y la respuesta fue: su caso urge, porque el embarazo está muy adelantado.
Sin embargo, Julia detalla que la recepcionista le indicó que no podían atenderla porque no traía identificación. “Fue muy grosera. Me dijo: ‘no damos servicio a desconocidos y tú eres una desconocida’”.
La desesperación por tener casi las 12 semanas y el no conocer la ciudad, hizo que Julia y sus familiares tomaran un taxi hasta San Luis Potosí para ir por su credencial. “Nos cobró 3 mil 500 pesos”.
“No he dormido y hoy —10 de julio— llegué a las 7:00 de la mañana para recibir atención en el hospital; le comenté a la recepcionista que tenía el tiempo encima y ella gritó: ‘estoy hasta acá (tocándose la frente) de que todo lo quieran resolver así (tronando los dedos). Mira, ésas están peor que tú, ya se les pasó el tiempo y quieren que las atendamos de volada’”.
Después del regaño, le indicó a Julia que no la atendería porque no había quirófano para legrados y la mandaron al Hospital Belisario Domínguez.
“Como a uno le dicen que aquí ya es legal el aborto, se viene para acá, sin imaginar todo lo que vas a batallar. Esto es urgente, si no ya me hubiera dado por vencida. En comida, hotel y taxi hemos gastado casi 10 mil pesos”, detalla.
Se encamina al hospital Belisario Domíguez. Y llega a las 9:00 horas. Cuatro horas después le confirman que le harán la cirugía para interrumpirle el embarazo. Uno de sus familiares paga 614 pesos...
A Maribel, en el consultorio 1, la enfermera en turno le dijo que el tratamiento sería en su casa y consistiría en la toma de cuatro pastillas cada seis horas por tres ocasiones. El riesgo, le explicó, es que si una hora después de desechar el producto llenas dos toallas sanitarias con sangre, tiene que buscar un hospital del GDF. “Aquí no te podemos recibir porque el área de cirugía está en remodelación”.
Tras esto, Maribel pensó en los riesgos que corría y antes de ingresar al consultorio donde una doctora le entregaría los fármacos, decidió irse. Eran las 10 de la mañana del martes 8 de julio.
Julia llegó al sanatorio a las 7:00 horas del 9 de julio. Le explicó a la recepcionista que su embarazo estaba muy adelantado, casi las 12 semanas, y ella le respondió que no podían atenderla porque no tenía la credencial de elector. “Fue muy grosera. Me dijo: ‘no damos servicio a desconocidos y tú eres una desconocida’”.
MARIBEL “N”. Tiene 30 años y decide interrumpir el embarazo porque no quería ser mamá soltera. Era algo no planeado. Además su pareja la abandonó tras conocer que estaba encinta.
Buscó las opciones para llevar a cabo el aborto y así llegó al Hospital Materno-Infantil Inguarán a pedir informes. Era el 3 de julio y recibió el primer regaño: ya no es aborto, se llama interrupción legal del embarazo.
Le piden unos análisis: ultrasonido y exámenes preoperatorios, los cuales le costaron 500 en un laboratorio particular, además de una identificación oficial y comprobante de domicilio. “Pensé: me van a pasar a un quirófano para el legrado”.
El 7 de julio llegó a las 7:00 horas y un policía le pregunta: “¿a dónde vas?”
—Voy a interrupción.
—El oficial responde con un grito: “interrupción, por allá”.
—Todos se enteran. Te cohíbes porque no quieres que la gente sepa a lo que vas.
Junto a Maribel había 12 mujeres más. Cinco ya estaban en lista y las demás esperaban a ver si las recibían. Corre con suerte y entra al hospital.
“Nos dieron una hoja —consentimiento informado— donde vienen los riesgos que puede tener la interrupción del embarazo, como enfermedades, infecciones o lesiones y que son responsabilidad de la solicitante, no del hospital”.
Después de esto, narra, pasamos al consultorio 1. Una enfermera nos explicó que el aborto sería en nuestras casas. “El procedimiento consiste en tres dosis de pastillas cada seis horas”.
Nos dijo que hay un factor de riesgo: si una hora después de desechar el producto llenan dos toallas femeninas con sangre, deben buscar un hospital del GDF para que las atiendan, porque en éste el área de cirugía está en remodelación y no hay servicio.
Si esto no pasa, confió la enfermera, prácticamente ya están fuera de peligro. No hay problema. En una semana o 15 días regresan con otro ultrasonido para verificar que no haya quedado nada en el útero.
Tras esta información, Maribel se cuestionó que estaba poniendo en riesgo su vida. “Vas a tener un aborto sin supervisión médica. Es como si fueras al mercado de Sonora o compras unas pastillas en una farmacia. Si te pones mal, es tu riesgo. Se supone que la ley fue aprobada para que las mujeres no corrieran riesgos.
“Me parece grave que mientras te tomas las pastillas no te quedes en el hospital por si surge alguna complicación”.
Señala que otro punto que le provocó inseguridad, fue que la persona que siempre estuvo al lado de la enfermera —una doctora— dijo que su obligación era pedirles un cultivo vaginal para saber si había alguna infección, pero está en los requisitos.
“Al ver y oír todo esto, decidí salirme a las 10 de la mañana y no realizarme el legrado”, puntualiza.
Aún Maribel quería el aborto y va a un servicio privado. Le explican que la operación cuesta 6 mil pesos. “Tendría una cirugía y estaría en observación varias horas. Al hacerme ultrasonido, me dijeron que a lo mejor era una niña. Después de tanto sufrimiento, decidí no abortar”.
JULIA “N”. Llega con dos familiares el 8 de julio al DF por la mañana. Acude al Hospital General Balbuena y recibe el primer rechazo: no le pueden brindar el servicio, porque no estaban autorizados. Le dan el nombre de otros sanatorios, pero sin su dirección. Esto complica su problema porque no conoce la ciudad. En su peregrinar, llega al centro de salud Dr. Atanasio Garza Río. Ahí le entregan un pase para el Hospital Materno-Infantil Inguarán.
Un día después, el 9 de julio, llega al Hospita Inguarán y entrega un ultrasonido que previamente se había tomado y la respuesta fue: su caso urge, porque el embarazo está muy adelantado.
Sin embargo, Julia detalla que la recepcionista le indicó que no podían atenderla porque no traía identificación. “Fue muy grosera. Me dijo: ‘no damos servicio a desconocidos y tú eres una desconocida’”.
La desesperación por tener casi las 12 semanas y el no conocer la ciudad, hizo que Julia y sus familiares tomaran un taxi hasta San Luis Potosí para ir por su credencial. “Nos cobró 3 mil 500 pesos”.
“No he dormido y hoy —10 de julio— llegué a las 7:00 de la mañana para recibir atención en el hospital; le comenté a la recepcionista que tenía el tiempo encima y ella gritó: ‘estoy hasta acá (tocándose la frente) de que todo lo quieran resolver así (tronando los dedos). Mira, ésas están peor que tú, ya se les pasó el tiempo y quieren que las atendamos de volada’”.
Después del regaño, le indicó a Julia que no la atendería porque no había quirófano para legrados y la mandaron al Hospital Belisario Domínguez.
“Como a uno le dicen que aquí ya es legal el aborto, se viene para acá, sin imaginar todo lo que vas a batallar. Esto es urgente, si no ya me hubiera dado por vencida. En comida, hotel y taxi hemos gastado casi 10 mil pesos”, detalla.
Se encamina al hospital Belisario Domíguez. Y llega a las 9:00 horas. Cuatro horas después le confirman que le harán la cirugía para interrumpirle el embarazo. Uno de sus familiares paga 614 pesos...
Brenda Contreras Paredes, Crónica, 12 de julio.
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