Las universidades públicas del país resienten la creciente violencia en México, en algunas entidades causada por la delincuencia común y en otras por la organizada, en especial la que es producto del choque entre las bandas del narcotráfico.
Este incremento en la inseguridad y la narco violencia ocasiona que de los fondos que se aprueban para el servicio educativo de más de 2 millones de jóvenes, ahora se desvíen recursos al reforzamiento de las medidas de seguridad en los planteles, incluso contratando elementos de la Policía Auxiliar Preventiva.
Hasta ahora, al presupuesto de estas instituciones no se ha incorporado el rubro de seguridad en los campus como gasto cotidiano, coinciden rectores de órganos como el Instituto Politécnico Nacional y de las universidades estatales de Sinaloa, Zacatecas, Veracruz y Tamaulipas.
Rectores de universidades públicas del páis señalan que los alumnos no solo son víctimas de la delincuencia y la violencia, sino que tanbién “se han convertido en los principales clientes” de organizaciones de narcotráfico porque son fáciles de inducir al uso de drogas o incorporarlos a las filas de los cárteles.
Enrique Villa Rivera, director del IPN, señala que esa casa de estudios paga a 700 policías auxiliares para resguardar las instalaciones del Instituto; eso ha permitido identificar las zonas más violentas en torno a cada plantel y dar esa información a las autoridades del gobierno del Distrito Federal.
La violencia que se vive en Sinaloa hace que su Universidad Autónoma no quede exenta de rumores o de la violencia contra universitarios. En el último semestre, en dos ocasiones tuvo que ser evacuada ante la ola de rumores sobre la supuesta presencia de explosivo o posibles ataques.
Acciones preventivas
El rector Héctor Melesio Cuén, dice que ha sido necesario tomar medidas para resguardar la seguridad de los más de 117 mil alumnos con la instalación de8 torres de videocámaras con la idea de salvaguardar el patrimonio y prevenir violencia con los universitarios.
“Estamos redoblando la vigilancia con personal sindicalizado, con la posibilidad de incluso contratar seguridad privada, al tiempo que estamos hablando con los presidentes municipales para tener elementos en los alrededores de la universidad”, afirma.
En entrevistas por separado, descartan que hayan detectado a jóvenes involucrados con los cárteles en los planteles o a los llamados narcojuniors, pues la tarea no es realizar investigación de cada estudiante y sus actividades fuera de los planteles.
“No les preguntamos a los estudiantes sobre las actividades familiares, eso les corresponde a las autoridades. La universidad pública es abierta”, dice el rector Melesio Cuén.
Ante los reportes emitidos por la Procuraduría General de la República (PGR) de que a las universidades del país han empezado a llegar narcojuniors (hijos de loscapos de cárteles), los rectores consultados rechazan que en sus instituciones se investigue a los alumnos o actividades de sus familiares o lo que hacen fuera de las aulas universitarias.
Este incremento en la inseguridad y la narco violencia ocasiona que de los fondos que se aprueban para el servicio educativo de más de 2 millones de jóvenes, ahora se desvíen recursos al reforzamiento de las medidas de seguridad en los planteles, incluso contratando elementos de la Policía Auxiliar Preventiva.
Hasta ahora, al presupuesto de estas instituciones no se ha incorporado el rubro de seguridad en los campus como gasto cotidiano, coinciden rectores de órganos como el Instituto Politécnico Nacional y de las universidades estatales de Sinaloa, Zacatecas, Veracruz y Tamaulipas.
Rectores de universidades públicas del páis señalan que los alumnos no solo son víctimas de la delincuencia y la violencia, sino que tanbién “se han convertido en los principales clientes” de organizaciones de narcotráfico porque son fáciles de inducir al uso de drogas o incorporarlos a las filas de los cárteles.
Enrique Villa Rivera, director del IPN, señala que esa casa de estudios paga a 700 policías auxiliares para resguardar las instalaciones del Instituto; eso ha permitido identificar las zonas más violentas en torno a cada plantel y dar esa información a las autoridades del gobierno del Distrito Federal.
La violencia que se vive en Sinaloa hace que su Universidad Autónoma no quede exenta de rumores o de la violencia contra universitarios. En el último semestre, en dos ocasiones tuvo que ser evacuada ante la ola de rumores sobre la supuesta presencia de explosivo o posibles ataques.
Acciones preventivas
El rector Héctor Melesio Cuén, dice que ha sido necesario tomar medidas para resguardar la seguridad de los más de 117 mil alumnos con la instalación de8 torres de videocámaras con la idea de salvaguardar el patrimonio y prevenir violencia con los universitarios.
“Estamos redoblando la vigilancia con personal sindicalizado, con la posibilidad de incluso contratar seguridad privada, al tiempo que estamos hablando con los presidentes municipales para tener elementos en los alrededores de la universidad”, afirma.
En entrevistas por separado, descartan que hayan detectado a jóvenes involucrados con los cárteles en los planteles o a los llamados narcojuniors, pues la tarea no es realizar investigación de cada estudiante y sus actividades fuera de los planteles.
“No les preguntamos a los estudiantes sobre las actividades familiares, eso les corresponde a las autoridades. La universidad pública es abierta”, dice el rector Melesio Cuén.
Ante los reportes emitidos por la Procuraduría General de la República (PGR) de que a las universidades del país han empezado a llegar narcojuniors (hijos de loscapos de cárteles), los rectores consultados rechazan que en sus instituciones se investigue a los alumnos o actividades de sus familiares o lo que hacen fuera de las aulas universitarias.
Nurit Martínez, El Universal, 12 de julio.
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