Los expertos ponen énfasis en la corrupción

Durante el 17 foro de debate energético, especialistas coincidieron en que los cambios en la organización y administración de Pemex le permitirían tener la suficiente flexibilidad y capacidad jurídica para su propia toma de decisiones con el objetivo de evitar la corrupción.

Aseguraron que estas acciones ayudarían a solucionar los obstáculos y retos que enfrenta la paraestatal; sin embargo, advirtieron que un exceso en el control podría desviar los objetivos de eficiencia y redundar en una pérdida de competitividad.

Ante esto, Julio Millán, ex representante de México en la APEC, dijo que es importante encontrar el equilibrio entre la normatividad y eficiencia, pues existe el peligro de establecer reglas cada vez más estrictas que frenen las oportunidades y fortalecimiento de Pemex, “atando literalmente de manos a los tomadores de decisión.”

Señaló que en muchas ocasiones no es la normatividad la causa común de la corrupción institucional, sino la impunidad en la aplicación de las leyes que las convierten en irrelevantes.

Afirmó que la necesaria reestructuración no debe caer en la falacia de que los modelos corporativos producen directamente una administración eficiente y honesta, pues estas acciones dependen de la actuación de “las personas y el manejo de las organizaciones públicas hacia sus metas y fines, mismos que en ocasiones son diferentes a los señalados en la ley”.

Millán consideró que lo peor que podría hacer el Congreso es dejar a Pemex como está, a causa de una falta de acuerdo y de politización del tema.

Por su parte, Mario Gabriel Budebo, subsecretario de Hidrocarburos, pidió a los legisladores quitar las amarras que actualmente sujetan a la paraestatal y le impiden aprovechar su potencial en beneficio de México.

Sostuvo que mientras la industria petrolera evoluciona a escala mundial, Pemex aún debe operar de forma rígida a través de cuatro subsidiarias establecidas en su ley orgánica, lo que le da poca flexibilidad y capacidad de adaptarse a los cambios.

Por lo que la propuesta del gobierno federal busca que la paraestatal opere con el número de filiales que así le convengan a fin de plantear instrumentos “más efectivos contra la corrupción y los malos manejos de la empresa, evitando también intromisiones en su operación”.

En el foro Organización y administración de Pemex, Gonzalo Martínez, del Colegio de Ingenieros Civiles, destacó el necesario fortalecimiento y protección del sector energético, así como del patrimonio intelectual del país.

“Esto debe ocupar un papel prioritario en el desarrollo nacional, debemos fortalecer los cuerpos técnicos en las áreas de ingeniería, como lo hacen todos los países, beneficiando y propiciando el desarrollo de tecnología propia”.

Por lo que urgió en la necesidad de contar con una nueva legislación en obras y servicios con dos objetivos claros: fomentar el desarrollo de la ingeniería y la técnica nacional, y desregular los interminables procesos administrativos, que no son otra cosa que un lastre para el desarrollo nacional.

Durante su ponencia, el consultor Antonio Saldívar dijo que en las últimas décadas las prácticas en Pemex han dejado mucho que desear, por lo que las iniciativas calderonistas delimitan las facultades y responsabilidades del gobierno federal como titular de los derechos de propiedad del petróleo y como administrador de la empresa estatal de la que está a cargo.

Toda vez que la ley orgánica de la administración pública federal señala a la Secretaría de Energía como eje de las acciones del gobierno en esta materia y la respalda con dos órganos de apoyo de esta dependencia, que son la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión del Petróleo, ambas reguladas por sus respectivas leyes.

Nayeli González, Milenio, 9 de julio.