Fractura a la UE migración

BRUSELAS.- Ministros de la Unión Europea discreparon ayer sobre cómo deben ser castigados los empleadores de inmigrantes ilegales, en la más reciente disputa dentro del bloque sobre las políticas de inmigración.

Doce Estados, incluyendo a todas las naciones de la Unión Europea (UE) del Mediterráneo, que reciben flujos de inmigrantes indocumentados por mar, estuvieron de acuerdo con Francia en que el bloque debería acordar sanciones criminales para castigar a las empresas que empleen a los que no tengan permiso para trabajar.

Pero otros ocho, incluyendo a Alemania, Polonia, Suecia y Holanda, se han opuesto a la idea de una medida para toda la UE, diciendo que cada país debería ser libre de decidir cómo manejar el problema del empleo indocumentado.

Estados de la UE también estuvieron en desacuerdo respecto a la propuesta francesa de enviar inspectores a al menos 5 por ciento de las compañías en los sectores económicos con los niveles más altos de trabajo ilegal, que a menudo incluyen construcción, el turismo y la agricultura.

"Hay otras formas de combatir el empleo ilegal (...), medidas criminales mínimas no están justificadas", dijo el Ministro del Interior alemán, Wolfgang Schaeuble, a sus pares.

"Tenemos una amplia experiencia de trabajo en negro y la medida más disuasiva es la que toca la billetera, como el embargo del inmueble alquilado ilegalmente a clandestinos", dijo, en contraste, el Ministro italiano Roberto Maroni, al justificar la necesidad de sanciones penales y patrimoniales.

"El culpable es el que emplea, que explota y aprovecha la miseria de los inmigrantes ilegales", añadió por su parte el Ministro de Trabajo español, Celestino Corbacho.

En la misma sintonía, el Ministro del Interior griego, Prokopis Pavolopoulos, afirmó que es necesario reconocer la explotación del trabajo clandestino.

La UE ha reforzado su lucha contra la inmigración ilegal durante los últimos años, pero ha tenido problemas para unificar las diversas políticas nacionales.

La Comisión Europea estima que hay hasta 8 millones de inmigrantes sin papeles en el bloque de 27 naciones y dice que la facilidad para conseguir trabajo sin tener permiso es el principal factor que impulsa la llegada de indocumentados.

El Comisario de Inmigración de la UE, Jacques Barrot, argumentó ayer que las sanciones criminales son necesarias para castigar los abusos más serios y disuadir a las empresas de contratar inmigrantes indocumentados.

La discusión de ayer se basó en una propuesta elaborada por el Ejecutivo de la UE, que también impediría tomar parte en contratos de adquisición pública por varios años a cualquier empresa que sea sorprendida empleando ilegalmente a inmigrantes.

Los empleadores que rompan las reglas también deberán reembolsar subsidios de la UE y pagar el costo de los pasajes de avión para enviar a los inmigrantes de vuelta a su país de origen.

La consolidación de una política migratoria común, que atienda las necesidades laborales de los países integrantes de la UE y disminuya la inmigración clandestina, es una prioridad de la actual presidencia semestral de Francia.
Agencias, Reforma, 25 de julio.

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