Ex jefe paramilitar confiesa a detalle matanzas en regiones de Colombia

Bogotá, 30 de julio. El jefe paramilitar desmovilizado Enrique Banquez Martínez confesó ante la justicia colombiana que esos grupos de ultraderecha colgaron de árboles y degollaron, al son de la música, a más de 60 campesinos en la región de El Salado, en febrero de 2000. Más aún, “jugaron futbol” con las cabezas de las víctimas en la plaza del pueblo.

La confesión fue hecha ante la fiscalía de la ciudad de Barranquilla por Banquez (alias Juancho Dique), quien se acogió al proceso de negociaciones entre el gobierno de Álvaro Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que entre 2003 y 2006 permitió la desmovilización de cerca de 32 mil integrantes de esos grupos.

Explicó que los hechos ocurrieron cuando unos 300 miembros de las AUC llegaron al caserío de El Salado, en el departamento de Bolívar, con la intención de asesinar a los campesinos a quienes consideraban simpatizantes de las guerrillas, en el contexto de una política de contrainsurgencia que contaba con el apoyo de ciertos sectores del ejército.

Desde entonces se decía que la acción dejó alrededor de 60 víctimas, pero la Fiscalía General señaló el mes pasado que, de acuerdo con testimonios de los pobladores y las declaraciones de ex paramilitares, entre ellos Banquez, más de cien personas fueron asesinadas aquella vez, además de que las viviendas de las víctimas fueron quemadas y unas 280 personas tuvieron que huir.

“Lo que voy a decir es muy duro, pero es bueno contarlo. A algunas de las víctimas de la matanza de El Salado las guindaron con cáñamos en los árboles y las mataron con bayoneta, fusiles que tenían bayonetas, y eran degolladas”, dijo el hombre en la audiencia de este martes, según declaraciones citadas por el diario El Tiempo de Bogotá.

Dijo que “mientras mataban, los otros, de puro ocio, tocaban gaitas, tamboras y violines. Eso fue durante la matanza que duró entre tres o cuatro horas”, agregó este hombre, que además participó en otros 565 homicidios al citar diversas masacres como la de enero de 2001 en el caserío de Chengue, en el departamento de Sucre , que dejó 27 víctimas.

El paramilitar hizo la declaración ante la fiscalía en cumplimiento de los requisitos para acogerse a una rebaja en su condena a cambio de su desmovilización, según una controvertida negociación con el gobierno de Uribe para poner fin a 20 años de actividades de las AUC, que en ese lapso cometieron unos 9 mil asesinatos, principalmente entre la población civil.

La fiscalía llamó a juicio en febrero pasado por este caso de El Salado al capitán retirado de la Armada, Héctor Pita, debido a sospechas de que colaboró con los paramilitares.

El ataque armado en El Salado fue perpetrado por hombres al mando de Rodrigo Tovar Pupo, (Jorge 40), quien en mayo pasado fue extraditado a Estados Unidos con otros 13 ex jefes paramilitares, bajo cargos relacionados con el narcotráfico.

Una computadora incautada a Jorge 40 dio inicio al sonado caso de la parapolítica, llamado así por los nexos de varios políticos del oficialismo con los paramilitares, por lo cual la Corte Suprema de Justicia investiga a casi 70 congresistas, de los cuales 32 están en prisión.

En ese contexto, Juancho Dique denunció que los alcaldes de 18 municipios del norte de Bolívar fueron elegidos en 2003 por influencia de las AUC, y que él no sólo participó en asesinatos de políticos que supuestamente colaboraban con la guerrilla, sino también de sindicalistas y prostitutas.

En tanto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) afirmaron que continuarán con la lucha armada y sólo buscarán una solución política al conflicto con otro gobierno distinto al del presidente Álvaro Uribe, de acuerdo con declaraciones del líder guerrillero Iván Márquez, en una entrevista con el canal de televisión multiestatal Telesur.

“La lucha armada no está en cuestión. Las causas que la motivaron no se han modificado”, dijo Márquez en la entrevista. Afirmó que se engañan quienes afirman que la guerrilla está derrotada tras los más recientes golpes militares sufridos, al señalar que han sido múltiples los planes de aniquilamiento desde el gobierno, que datan desde el ataque de Marquetalia en mayo de 1964.

Sostuvo que si la guerrilla estuviera resquebrajada no se estaría hablando hoy del traslado de la base militar ecuatoriana de Manta –controlada por Estados Unidos– a Colombia, y que más bien se está resquebrajando “la podrida institucionalidad colombiana salpicada de sangre y cocaína, narcoparamilitarismo e ilegitimidad”.

“Con Uribe la paz no es más que una quimera. La solución política al conflicto sólo es posible con otro gobierno... Un nuevo gobierno que, haciendo de la paz su objetivo cimero, recoja las tropas en sus cuarteles y mande a los gringos para su casa”, añadió el comandante, integrante del secretariado o mando central de la mayor insurgencia del país.

Descartó que los líderes de las FARC estén dispuestos a aceptar un asilo político de Francia si acceden a un intercambio de rehenes por guerrilleros presos, al calificar ese planteamiento de “una afrenta a la dignidad de los guerrilleros”, pues “los verdaderos combatientes no cambian las montañas de la patria ni sus convicciones por un humillante destierro en ultramar”.

Sobre las críticas hechas por el líder cubano Fidel Castro a la decisión de las FARC de mantener rehenes civiles en la selva, Márquez sostuvo que la guerrilla está “en todo su derecho de buscar por todos los medios la libertad de los combatientes guerrilleros presos, tanto en las cárceles del régimen de Uribe como en las del imperio” estadunidense.

Subrayó que también se debe considerar la crueldad que sufren sus compañeros en las mazmorras colombianas y las estadunidenses, señalando que son las mismas que padecen “los cinco héroes cubanos” y los miles de prisioneros a quienes se ha violentado en sus derechos como ocurre en las cárceles de Abu Grahib y de Guantánamo.

Cumbre regional antidrogas
En otro orden, la cancillería colombiana informó que seis presidentes y representantes de 24 países asistirán, después de 18 años, a una cumbre regional antidrogas, en medio de un desalentador balance porque los golpes a los grandes jefes del narcotráfico no se han traducido en una merma de la producción de estupefacientes.

Al encuentro, que se realizará este viernes en el puerto colombiano de Cartagena, confirmaron su presencia los presidentes Felipe Calderón; Elías Antonio Saca, de El Salvador; Álvaro Colom, de Guatemala; Martín Torrijos, de Panamá; Leonel Fernández, de República Dominicana, y el mandatario del país anfitrión, Álvaro Uribe.

AFP y DPA, La Jornada, 31 de julio.


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