Evite engaños en portabilidad numérica

La portabilidad numérica es ya un hecho y el consumidor puede cambiar de empresa telefónica sin perder su número.

México es el primer país en América Latina que inicia este derecho del usuario, al que se le permite tomar sus decisiones de consumo dependiendo únicamente de las tarifas que le ofrece el prestador de servicio, la cobertura o de alguna cuestión adicional de su interés.

No obstante, en medio de la novedad que implica para el público ser parte de la portabilidad, hay que tener cuidado con la publicidad engañosa.

La Procuraduría Federal del Consumidor está muy atenta al proceso, y ya capacitó a todos sus operadores para dar información al público a través de los teléfonos 5568-8722 en el Distrito Federal y (01800)468-8722 en la República Mexicana, y responder a sus dudas sobre la firma de contratos y rentas telefónicas.

La solicitud de portabilidad debe hacerla directamente el titular de la línea para evitar que alguien le cause un daño.

Para realizar el trámite con su operador telefónico, el usuario presentará la factura pagada de su anterior proveedor, una identificación oficial y deberá firmar el documento.

Si no cumple esos requisitos no podrá realizar la petición de portabilidad y en ese caso no procedería la queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Sin embargo, si el consumidor cumple con todos los requisitos y el proveedor se niega y no le ofrece una explicación técnica, sí será procedente la queja ante la Profeco.

Y es que dependiendo del caso, las sanciones para los proveedores de telefonía pueden ir desde 1,500 hasta 2.5 millones de pesos.

Si hay reincidencias, se duplicaría la multa y llegaría hasta 5 millones de pesos.

A todos los consumidores los atenderemos a través de nuestro tradicional procedimiento conciliatorio, con la intención de cubrir los intereses del usuario, que es nuestra razón de ser.

El autor es el Procurador federal del Consumidor. Si requiere más información consulte la página:

Antonio Morales de la Peña, El Economista, 18 de julio.


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