Como lo hizo en Irak y Afganistán, el gobierno de Estados Unidos comenzó la contratación de asesores privados para colaborar en la aplicación en México de la Iniciativa Mérida.
Bajo la figura de “contratista de servicios personales”, la embajada estadunidense en el país abrió esta semana la contratación de tres plazas de “asesores políticos”, quienes se encargarán de “cabildear” con el gobierno mexicano la aplicación de programas derivados de la iniciativa.
Acorde a la solicitud de servicios PSC-08-049, de la que MILENIO tiene copia, las plazas deberán ser ocupadas por empresas privadas de seguridad —como Blackwater o Halliburton—, a las que se pedirá asesorar a la Sección Antinarcóticos de la embajada en torno al desarrollo de diferentes programas de la Iniciativa Mérida.
La oferta especifica que los contratistas tendrán salarios de entre 77 mil y 113 mil dólares y detalla que el contrato será inicialmente por un año con la opción de extenderlo. La labor de los asesores será diseñar los principales programas del plan antinarcóticos, especialmente mantener “relaciones cercanas” con el gabinete de seguridad del presidente Felipe Calderón.
“El asesor político dará continuidad a la administración de la sección antinarcóticos en lo que respecta a la Iniciativa Mérida (…) sus responsabilidades requieren relacionarse de forma directa con secretarios y subsecretarios del gobierno mexicano en el diseño de proyectos de la iniciativa para maximizar su operatividad.”
En el documento se añade que el asesor político contribuirá a que la sección antinarcóticos (NAS, por sus siglas en inglés) forje “relaciones constructivas” con diferentes actores políticos y sociales del país.
“Entre sus tareas estará construir las más amplias alianzas con todos los actores políticos, como el gobierno de Estados Unidos, el de México y la sociedad civil, para asegurarse que los recursos gubernamentales serán utilizados efectivamente”, se indica en la solicitud.
Estrategia cuestionada
Los asesores privados, quienes deberán viajar constantemente a Washington para reportar los avances de la Iniciativa Mérida, estarán “basados” en la embajada de Estados Unidos en México y tendrán que negociar con el gobierno mexicano de forma constante.
El esquema ha sido utilizado en Irak y Afganistan, pues las empresas contratadas, Blackwater y Halliburton, han sido acusadas de violar los derechos humanos de la población y actuar con base en fines empresariales, por encima de los intereses del país al que asisten.
Bajo la figura de “contratista de servicios personales”, la embajada estadunidense en el país abrió esta semana la contratación de tres plazas de “asesores políticos”, quienes se encargarán de “cabildear” con el gobierno mexicano la aplicación de programas derivados de la iniciativa.
Acorde a la solicitud de servicios PSC-08-049, de la que MILENIO tiene copia, las plazas deberán ser ocupadas por empresas privadas de seguridad —como Blackwater o Halliburton—, a las que se pedirá asesorar a la Sección Antinarcóticos de la embajada en torno al desarrollo de diferentes programas de la Iniciativa Mérida.
La oferta especifica que los contratistas tendrán salarios de entre 77 mil y 113 mil dólares y detalla que el contrato será inicialmente por un año con la opción de extenderlo. La labor de los asesores será diseñar los principales programas del plan antinarcóticos, especialmente mantener “relaciones cercanas” con el gabinete de seguridad del presidente Felipe Calderón.
“El asesor político dará continuidad a la administración de la sección antinarcóticos en lo que respecta a la Iniciativa Mérida (…) sus responsabilidades requieren relacionarse de forma directa con secretarios y subsecretarios del gobierno mexicano en el diseño de proyectos de la iniciativa para maximizar su operatividad.”
En el documento se añade que el asesor político contribuirá a que la sección antinarcóticos (NAS, por sus siglas en inglés) forje “relaciones constructivas” con diferentes actores políticos y sociales del país.
“Entre sus tareas estará construir las más amplias alianzas con todos los actores políticos, como el gobierno de Estados Unidos, el de México y la sociedad civil, para asegurarse que los recursos gubernamentales serán utilizados efectivamente”, se indica en la solicitud.
Estrategia cuestionada
Los asesores privados, quienes deberán viajar constantemente a Washington para reportar los avances de la Iniciativa Mérida, estarán “basados” en la embajada de Estados Unidos en México y tendrán que negociar con el gobierno mexicano de forma constante.
El esquema ha sido utilizado en Irak y Afganistan, pues las empresas contratadas, Blackwater y Halliburton, han sido acusadas de violar los derechos humanos de la población y actuar con base en fines empresariales, por encima de los intereses del país al que asisten.
Víctor Hugo Michel, Milenio, 21 de julio.
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