Especialistas critican la corrupción en Pemex, pero evitan hablar del sindicato

Especialistas e investigadores reconocieron que no es la normatividad laxa, sino la impunidad en la aplicación de las leyes la causa más común de la corrupción institucional. Sin embargo, nuevamente el tema del sindicato petrolero pasó inadvertido durante el debate de ayer en la Cámara de Senadores, donde se abordó el tema Administración y organización de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Al abrir la serie de intervenciones en el patio central del edificio de Xicoténcatl, el asesor privado Julio A. Millán fue de los pocos que se refirieron a la corrupción en Pemex, sin mencionar directamente al sindicato o a los representantes del gobierno federal en la empresa.

Señaló que las iniciativas de reforma del Ejecutivo federal tienen elementos que pueden mejorarse y advirtió que siempre existe el peligro de adoptar normas cada vez más estrictas como reacción a un pasado no deseado, “lo que nos lleva a un ciclo pendular en la toma de decisiones: más controles para terminar con la corrupción, menos controles para fortalecer la eficiencia”.

Apuntó además que el país no necesita “una reforma energética que responda al interés personal de nadie; no necesitamos una reforma que responda al interés de un partido o al interés de un gobierno local o nacional”.

A continuación, Manuel Camacho Solís, responsable de la consulta nacional convocada por el Frente Amplio Progresista, afirmó que la iniciativa presidencial “aceleraría la tendencias destructivas de la paraestatal”, pero aseguró que es posible un acuerdo para la reforma de Pemex si se cancela cualquier intento de abrir las puertas a la iniciativa privada en áreas reservadas y se evita imponer decisiones contrarias a la Constitución, propuesta en la que se centraría más tarde un prolongado debate.

Camacho Solís enfatizó que el problema de la paraestatal no es de partidos, a pesar de que el PAN sea responsable de la mayor destrucción de la riqueza nacional entre 2000 y 2006; de que el PRI haya tomado decisiones equivocadas y no hubiese podido adoptar las correctas, o de que la izquierda no haya logrado, mediante su triunfo electoral o planteando una estrategia de alianzas y coaliciones, introducir un cambio de fondo en el manejo de la energía.

Por estas razones, llamó a convenir una reforma de consenso que rescate a Pemex y cohesione a la sociedad. Para eso, aseveró, “necesitamos superar el mayor de los obstáculos: nuestro temor a ponernos de acuerdo”.

Camacho Solís propuso como líneas para el acuerdo fortalecer la autoridad del Estado, su capacidad de planeación sectorial y de producción; terminar con el dominio de la Secretaría de Hacienda y el control de la Función Pública sobre Pemex; así como otorgar gradualmente autonomía presupuestal a la empresa y convenir un pacto fiscal que garantice la inversión multianual y la transparencia en el manejo de los excedentes petroleros.

Además, reintegrar a Pemex y restituir la autoridad del director general, despartidizar la administración de Pemex y asegurar su manejo transparente y honesto, entre otros puntos.

Insistió en que una propuesta como la del presidente Felipe Calderón no debe pasar, por tratarse de un proyecto “poco sincero y vergonzante” que no reconoce la verdadera intención oficial, que es modificar la Constitución para beneficiar a los inversionistas extranjeros y marginar al país de los beneficios económicos que se obtienen con la explotación del crudo.

En su turno, el presidente de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros Civiles de México, Gonzalo Martínez Corbalá, sostuvo que los cambios en la legislación, por adecuados que sean, no serán posibles si dentro de la paraestatal no se cuenta con capacidad técnica y actualización del personal técnico, por lo que debe contarse con nuevas leyes en materia de obras y servicios para fomentar el desarrollo técnico de la ingeniería y la técnica nacional, así como desregular los “interminables procesos administrativos”.

Después de enfatizar, en nombre de la institución que encabeza, que están por la defensa de la soberanía nacional y contra la pérdida de control por parte de Pemex de sus activos e infraestructura, propuso buscar mecanismos para fortalecer las universidades y los institutos públicos de desarrollo tecnológico.

Martínez Corbalá sostuvo que el Instituto Mexicano del Petróleo debe jugar un papel fundamental para estudiar nuevas formas de generar energía primaria.

A su vez, Mario Gabriel Budebo, subsecretario de hidrocarburos, sostuvo que la iniciativa de Felipe Calderón constituye una respuesta adecuada y completa a un problema de múltiples facetas. Se trata, agregó, de un paso trascendental hacia una industria petrolera moderna.

Dicha propuesta, indicó, prevé instrumentos más efectivos contra la corrupción y los malos manejos en la empresa, evitando, al mismo tiempo, ser intrusivo en la operación. Destacó que delimita y refuerza los mecanismos de control y vigilancia; crea el comité de transparencia y auditoría; se designa a un comisario que tiene a su cargo la veracidad del informe del consejo y se informará al Congreso, de forma trimestral y anual, sobre el desempeño de la paraestatal.

En tanto, el director de la escuela de negocios de la Universidad Anáhuac, Jorge Miguel Fabre, se refirió a dichos mecanismos de control, y destacó la impunidad de que gozarían los consejeros independientes al no estar sujetos a las mismas responsabilidades que el resto de los funcionarios públicos, así como a los órganos autónomos, cuya experiencia en México, dijo, “no es muy buena en la opinión de muchos mexicanos”, por lo que el mandato e incentivos para los consejeros independientes deberán ser claros y precisos.

También asesor privado, Roberto Danel Díaz coincidió con el funcionario de Pemex y el presidente del comité técnico nacional de gobierno corporativo del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Antonio Saldívar, al afirmar que las propuestas que contienen las iniciativas presidenciales acerca del gobierno corporativo de Pemex “representan un gran avance en su institucionalización, transparencia y rendición de cuentas”.

Ciro Pérez y Enrique Méndez, La Jornada, 9 de julio.