La consulta ciudadana no tiene una función vinculante y únicamente se aplica para conocer la percepción de una sociedad; entonces, no sólo es un instrumento válido, sino que puede ser necesario para orientar la toma de decisiones gubernamentales, afirmó el jurista Diego Valadés.
En El Colegio Nacional, del cual es integrante, el también académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) impartió la conferencia Concepto de gobernabilidad, en la cual profundizó en torno a este concepto y subrayó que la consulta popular no “es una extorsión” a la gobernabilidad, porque sólo sirve como “guía” del pensamiento social para las determinaciones de los gobernantes. Algo muy distinto es la figura del plebiscito revocatorio, que delimita los actos del Congreso y puede transferir las decisiones políticas reales a ámbitos reducidos.
Para el especialista, el concepto de gobernabilidad desde el punto de vista constitucional consiste en un proceso de decisiones legales, razonables, controlables y eficaces: “Si falta alguna de estas características, tendremos un déficit de gobernabilidad”.
Agregó que quien toma las decisiones debe ser una autoridad con legitimidad, porque “si le falta ésta, por más legales, razonables, controlables y eficaces que sean sus decisiones, se presenta un déficit de gobernabilidad”.
Aunque agregó que es necesario distinguir la dualidad de legitimidad de origen y de ejercicio, puesto que se puede tener la primera y perder la segunda, “nada garantiza que quien acceda por la vía legítima, actúe en los mismos términos”.
Asimismo, advirtió que el contexto en que se deben tomar esas decisiones debe incluir libertad, equidad y estabilidad institucional.
“En todos los sistemas democráticos no basta con la libertad, también se requiere equidad, porque es indispensable tutelar los derechos de las minorías y garantizar el ejercicio de la responsabilidad pública para mejorar las condiciones de los que están en una situación más débil en el orden del reparto de la riqueza”.
Para que haya gobernabilidad constitucional, añadió, los objetivos de quienes toman las decisiones deben garantizar a la población el ejercicio de la dignidad, así como sus derechos civiles, políticos, culturales y económico-sociales.
“Si el objetivo de la gobernabilidad es garantizar la permanencia de los titulares del poder en sus funciones, entonces no es una gobernabilidad democrática”.
Sostuvo que el concepto de “dignidad” en las personas se puede identificar mediante el término de “soberanía” de la colectividad nacional y, al respecto, no se trata “sólo de la libertad de decidir, sino del sentido de la decisión”.
En El Colegio Nacional, del cual es integrante, el también académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) impartió la conferencia Concepto de gobernabilidad, en la cual profundizó en torno a este concepto y subrayó que la consulta popular no “es una extorsión” a la gobernabilidad, porque sólo sirve como “guía” del pensamiento social para las determinaciones de los gobernantes. Algo muy distinto es la figura del plebiscito revocatorio, que delimita los actos del Congreso y puede transferir las decisiones políticas reales a ámbitos reducidos.
Para el especialista, el concepto de gobernabilidad desde el punto de vista constitucional consiste en un proceso de decisiones legales, razonables, controlables y eficaces: “Si falta alguna de estas características, tendremos un déficit de gobernabilidad”.
Agregó que quien toma las decisiones debe ser una autoridad con legitimidad, porque “si le falta ésta, por más legales, razonables, controlables y eficaces que sean sus decisiones, se presenta un déficit de gobernabilidad”.
Aunque agregó que es necesario distinguir la dualidad de legitimidad de origen y de ejercicio, puesto que se puede tener la primera y perder la segunda, “nada garantiza que quien acceda por la vía legítima, actúe en los mismos términos”.
Asimismo, advirtió que el contexto en que se deben tomar esas decisiones debe incluir libertad, equidad y estabilidad institucional.
“En todos los sistemas democráticos no basta con la libertad, también se requiere equidad, porque es indispensable tutelar los derechos de las minorías y garantizar el ejercicio de la responsabilidad pública para mejorar las condiciones de los que están en una situación más débil en el orden del reparto de la riqueza”.
Para que haya gobernabilidad constitucional, añadió, los objetivos de quienes toman las decisiones deben garantizar a la población el ejercicio de la dignidad, así como sus derechos civiles, políticos, culturales y económico-sociales.
“Si el objetivo de la gobernabilidad es garantizar la permanencia de los titulares del poder en sus funciones, entonces no es una gobernabilidad democrática”.
Sostuvo que el concepto de “dignidad” en las personas se puede identificar mediante el término de “soberanía” de la colectividad nacional y, al respecto, no se trata “sólo de la libertad de decidir, sino del sentido de la decisión”.
Mariana Norandi, La Jornada, 19 de julio.
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