Embajador colombiano rechaza imputaciones

En carta dirigida a este medio, el embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio, negó las afirmaciones hechas en su contra por el semanario colombiano Cambio el 24 de julio, mismas que fueron retomadas el día 26 en este espacio en un texto enviado desde Medellín por la corresponsal Clara Isabel Vélez Rincón (“Luis Camilo Osorio, un embajador en problemas”, 26-07-08, p. 34). En él se retoman las acusaciones de “negligencia” en contra de la gestión del actual embajador, cuando éste era fiscal general de Colombia.

La nota de la revista Cambio, de Bogotá, lleva por título “Fiscal Yolanda Paternina había advertido sobre amenazas antes de su asesinato” y en ella se acusa a Osorio de no haber tomado recaudos para proteger la vida de Paternina.

Osorio negó la acusación de “negligencia” por no haberle dado, como afirma Cambio, la debida protección a la fiscal, asesinada el 29 de agosto de 2001 por las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ya que “bastaría con advertir que las amenazas y comunicaciones (recibidas por Paternina) fueron hechas seis meses antes de asumir yo el cargo de Fiscal General, según nota anexa que estoy enviando a la revista
Cambio, en la que precisamente se advierte que a los pocos días de llegado a la Fiscalía se tomaron previsiones de seguridad y escolta para dicha fiscal, lo que no había sucedido seis meses antes de mi llegada al cargo”.

Agrega Osorio que la propia Cambio enumera las advertencias recibidas por la entonces fiscal Paternina en 2001 (23 de febrero, 28 de marzo, 22 y 23 de mayo, 22 de junio), sin “tener el cuidado de advertir” que “para esa época el suscrito no había asumido funciones, ni siquiera había sido elegido Fiscal General de la Nación”. Osorio empezó a ejercer el cargo el primero de agosto, “vale decir 20 días antes de ocurrido el asesinato”.

El diplomático también rechazó que su nombre pueda ligarse al accionar paramilitar en su país, dado que la ley que se incorporó aún siendo él Fiscal General, “hizo posible que se cumplan los objetivos de justicia, que significa prisión para los que cometieron crímenes bajo el amparo de grupos armados al margen de la ley; la devolución de los bienes ilícitamente adquiridos con el objeto de reparar a las víctimas, y finalmente, parte fundamental de este proceso, la verdad, que significa poner en conocimientos de las autoridades los autores, cómplices y auxiliadores de los crímenes cometidos, proceso que con éxito se cumple actualmente”.
Milenio, 31 de julio.

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