El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, dará a conocer hoy ocho recomendaciones dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional, al comprobar que militares violaron los derechos de civiles en Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán y Sonora durante los operativos contra el narcotráfico.
La CNDH determinó que en esos casos los soldados realizaron detenciones arbitrarias; cometieron tortura, trato cruel y degradante; ejercicio indebido de la función pública; atentados a la propiedad, violación al derecho a la vida, a la integridad física y a la seguridad jurídica, entre otras irregularidades.
Las recomendaciones del organismo son la indemnización y reparación del daño a las víctimas, además de una rigurosa investigación de la Contraloría General del Ejército, y reitera la petición de que se capacite al personal militar.
En la recomendación 31/2008 se explica que durante el recorrido que hicieron militares el 3 de agosto de 2007, en el municipio de Naco, Sonora, detuvieron a tres hombres; dos fueron llevados al Ministerio Público por portar armas de fuego sin licencia —según denunciaron los soldados—, mientras que el tercero, Fausto Murillo Flores, fue encontrado al siguiente día “brutalmente golpeado, lo que probablemente le provocó la muerte”.
En diciembre de 2007, la Sedena informó que se “ejerció acción penal” contra seis militares por su “presunta responsabilidad en la comisión del delito de tortura”. Ante ello, la CNDH recomienda la indemnización y “reparación del daño” a favor de los beneficiarios del occiso.
En junio de 2007, en Morelia, Michoacán, 15 militares entraron con violencia a la casa de Óscar Cornejo Tello; le preguntaron si era el Chino Guenses, y ante la respuesta negativa, los integrantes del Ejército “lo mojaron, le dieron toques eléctricos en los testículos, le cortaron la respiración con una prenda de vestir, le dieron patadas, cachazos, puñetazos”.
Días después fue remitido al Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez, porque los militares declararon haberlo detenido en la calle con armamento e insignias de la Agencia Federal de Investigación, aunque Cornejo Tello lo negó.
La CNDH reitera en las recomendaciones que si los militares continúan participando en operaciones de seguridad pública, deben estar mejor capacitados y que los procedimientos se realicen conforme a derecho.
Sin embargo, advierte que en el orden jurídico mexicano no corresponde a las fuerzas armadas realizar funciones de policía como ocurre en Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
Durante los últimos tres años, la CNDH ha recibido 634 quejas contra militares. El año de mayor incidencia fue 2007 con 384.
El hecho violatorio más recurrente es el ejercicio indebido de la función pública (250 veces), cateos y visitas domiciliarias (221), trato cruel y degradante (182), y detención arbitraria (147), entre otros.
La CNDH afirma que a 10 años de creada la Policía Federal Preventiva todavía no cumple las expectativas, y hasta ahora no hay una coporación capaz de enfrentar con éxito al crimen organizado.
La CNDH determinó que en esos casos los soldados realizaron detenciones arbitrarias; cometieron tortura, trato cruel y degradante; ejercicio indebido de la función pública; atentados a la propiedad, violación al derecho a la vida, a la integridad física y a la seguridad jurídica, entre otras irregularidades.
Las recomendaciones del organismo son la indemnización y reparación del daño a las víctimas, además de una rigurosa investigación de la Contraloría General del Ejército, y reitera la petición de que se capacite al personal militar.
En la recomendación 31/2008 se explica que durante el recorrido que hicieron militares el 3 de agosto de 2007, en el municipio de Naco, Sonora, detuvieron a tres hombres; dos fueron llevados al Ministerio Público por portar armas de fuego sin licencia —según denunciaron los soldados—, mientras que el tercero, Fausto Murillo Flores, fue encontrado al siguiente día “brutalmente golpeado, lo que probablemente le provocó la muerte”.
En diciembre de 2007, la Sedena informó que se “ejerció acción penal” contra seis militares por su “presunta responsabilidad en la comisión del delito de tortura”. Ante ello, la CNDH recomienda la indemnización y “reparación del daño” a favor de los beneficiarios del occiso.
En junio de 2007, en Morelia, Michoacán, 15 militares entraron con violencia a la casa de Óscar Cornejo Tello; le preguntaron si era el Chino Guenses, y ante la respuesta negativa, los integrantes del Ejército “lo mojaron, le dieron toques eléctricos en los testículos, le cortaron la respiración con una prenda de vestir, le dieron patadas, cachazos, puñetazos”.
Días después fue remitido al Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez, porque los militares declararon haberlo detenido en la calle con armamento e insignias de la Agencia Federal de Investigación, aunque Cornejo Tello lo negó.
La CNDH reitera en las recomendaciones que si los militares continúan participando en operaciones de seguridad pública, deben estar mejor capacitados y que los procedimientos se realicen conforme a derecho.
Sin embargo, advierte que en el orden jurídico mexicano no corresponde a las fuerzas armadas realizar funciones de policía como ocurre en Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
Durante los últimos tres años, la CNDH ha recibido 634 quejas contra militares. El año de mayor incidencia fue 2007 con 384.
El hecho violatorio más recurrente es el ejercicio indebido de la función pública (250 veces), cateos y visitas domiciliarias (221), trato cruel y degradante (182), y detención arbitraria (147), entre otros.
La CNDH afirma que a 10 años de creada la Policía Federal Preventiva todavía no cumple las expectativas, y hasta ahora no hay una coporación capaz de enfrentar con éxito al crimen organizado.
Nayeli Roldán, Milenio, 11 de julio.
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