El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, al presentar ayer a la opinión pública las ocho recomendaciones que dirigió al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por abusos graves de militares contra civiles, exigió que se castigue “con el rigor de la ley a quienes violan derechos fundamentales, lo cual debe servir para fortalecer a la institución y su autoridad moral”.
Ante asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y robos, entre otros ilícitos que han cometido elementos castrenses, Soberanes demandó que “las fuerzas armadas no toleren que algunos de sus miembros violen garantías fundamentales sin consecuencias”.
En conferencia de prensa, el titular de la CNDH pidió que se investigue y castigue penalmente a los responsables de las violaciones ocurridas en los estados de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán. “Se necesita voluntad política y determinación firme de las autoridades para hacer que el Ejército actúe siempre en el marco de la ley. También se requiere capacitación, porque hemos visto que se disparan entre sí, lo cual indica que no saben usar mínimamente las armas que cargan.”
El ombudsman nacional sostuvo que se debe sancionar a dichos militares –entre ellos tenientes, soldados rasos y cabos–, porque la impunidad genera delincuencia. “Tiene que haber una actitud muy estricta de esas autoridades, de sus tribunales y de la procuraduría militar.”
Demandó que el Presidente de la República envíe mensajes claros de que “no se van a tolerar violaciones a la ley. Esto es algo que implica toda una actitud de la autoridad”.
Expresó: “No podemos permitir como sociedad que el país se vuelva campo de batalla, como Chicago en los años 20. Necesitamos volver a la paz y la tranquilidad. Se ha tenido que hacer uso del Ejército, pero ellos no deben actuar como delincuentes. Éstos violan la ley, y la ilegalidad no se puede combatir con ilegalidad”.
Soberanes Fernández aseveró que sería una imprudencia que de inmediato se pidiera que los militares abandonaran la labor policiaca, pero insistió: “el Ejecutivo debe establecer fecha para que los militares regresen a sus cuarteles y la PFP se haga cargo de la seguridad”.
Al presentar las recomendaciones, destacó que ningún ordenamiento permite que miembros de las fuerzas armadas perviertan su función y realicen en lo individual actos indebidos que tergiversan el concepto de obediencia y los convierten no sólo en violadores de todos los principios y derechos fundamentales inherentes a la dignidad humana.
Muchos de esos abusos, continuó, ocurren por falta de capacitación. No basta con que conozcan los códigos militares, sino que deben conocer las garantías individuales para que las respeten. La CNDH demanda que se dé capacitación al personal castrense de todos los niveles, incluidos los mandos superiores, y se instruya al personal de mando, tropa y de diversos organismos de la Sedena para que permitan el acceso de gente de la CNDH a sus instalaciones.
Soberanes puntualizó que no corresponde al Ejército investigar delitos ni implementar estrategias para prevenirlo. Su participación, resaltó, sólo debe ser “en auxilio y de manera subordinada a las autoridades civiles”.
La segunda visitadora general de la CNDH, Susana Thalía Pedroza, informó que hasta el 10 de julio de este año se habían recibido 983 quejas contra militares, y el estado que ocupa el primer lugar en abusos de soldados es Chihuahua con 199. Michoacán segundo, Tamaulipas tercero y luego Sinaloa y el Distrito Federal.
Susana Pedroza denunció que en la recomendación 29/2008, relativa al caso del migrante José Fausto Gálvez Munguía, la comisión acreditó que el responsable de las agresiones fue un teniente, quien está enfermo de alcoholismo. Inclusive, aseguró que tienen certificados del Hospital Militar que lo incapacitan para participar en operativos y planear y dirigir acciones. “Además, ha estado hospitalizado en un siquiátrico.”
Ante asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y robos, entre otros ilícitos que han cometido elementos castrenses, Soberanes demandó que “las fuerzas armadas no toleren que algunos de sus miembros violen garantías fundamentales sin consecuencias”.
En conferencia de prensa, el titular de la CNDH pidió que se investigue y castigue penalmente a los responsables de las violaciones ocurridas en los estados de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán. “Se necesita voluntad política y determinación firme de las autoridades para hacer que el Ejército actúe siempre en el marco de la ley. También se requiere capacitación, porque hemos visto que se disparan entre sí, lo cual indica que no saben usar mínimamente las armas que cargan.”
El ombudsman nacional sostuvo que se debe sancionar a dichos militares –entre ellos tenientes, soldados rasos y cabos–, porque la impunidad genera delincuencia. “Tiene que haber una actitud muy estricta de esas autoridades, de sus tribunales y de la procuraduría militar.”
Demandó que el Presidente de la República envíe mensajes claros de que “no se van a tolerar violaciones a la ley. Esto es algo que implica toda una actitud de la autoridad”.
Expresó: “No podemos permitir como sociedad que el país se vuelva campo de batalla, como Chicago en los años 20. Necesitamos volver a la paz y la tranquilidad. Se ha tenido que hacer uso del Ejército, pero ellos no deben actuar como delincuentes. Éstos violan la ley, y la ilegalidad no se puede combatir con ilegalidad”.
Soberanes Fernández aseveró que sería una imprudencia que de inmediato se pidiera que los militares abandonaran la labor policiaca, pero insistió: “el Ejecutivo debe establecer fecha para que los militares regresen a sus cuarteles y la PFP se haga cargo de la seguridad”.
Al presentar las recomendaciones, destacó que ningún ordenamiento permite que miembros de las fuerzas armadas perviertan su función y realicen en lo individual actos indebidos que tergiversan el concepto de obediencia y los convierten no sólo en violadores de todos los principios y derechos fundamentales inherentes a la dignidad humana.
Muchos de esos abusos, continuó, ocurren por falta de capacitación. No basta con que conozcan los códigos militares, sino que deben conocer las garantías individuales para que las respeten. La CNDH demanda que se dé capacitación al personal castrense de todos los niveles, incluidos los mandos superiores, y se instruya al personal de mando, tropa y de diversos organismos de la Sedena para que permitan el acceso de gente de la CNDH a sus instalaciones.
Soberanes puntualizó que no corresponde al Ejército investigar delitos ni implementar estrategias para prevenirlo. Su participación, resaltó, sólo debe ser “en auxilio y de manera subordinada a las autoridades civiles”.
La segunda visitadora general de la CNDH, Susana Thalía Pedroza, informó que hasta el 10 de julio de este año se habían recibido 983 quejas contra militares, y el estado que ocupa el primer lugar en abusos de soldados es Chihuahua con 199. Michoacán segundo, Tamaulipas tercero y luego Sinaloa y el Distrito Federal.
Susana Pedroza denunció que en la recomendación 29/2008, relativa al caso del migrante José Fausto Gálvez Munguía, la comisión acreditó que el responsable de las agresiones fue un teniente, quien está enfermo de alcoholismo. Inclusive, aseguró que tienen certificados del Hospital Militar que lo incapacitan para participar en operativos y planear y dirigir acciones. “Además, ha estado hospitalizado en un siquiátrico.”
Víctor Ballinas, La Jornada, 12 de julio.
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