Da entrada la Corte a amparos de la IP

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió
ejercer su facultad de atracción sobre 41 amparos que interpusieron sectores
empresariales y culturales, en contra de la reforma constitucional en materia
electoral.
El proyecto del ministro Sergio Valls Hernández obtuvo la votación unánime de
los cinco integrantes de la sala, donde únicamente proponía desechar tres
juicios, al considerar que no estaban relacionados con la materia.
Dichos amparos se refieren a cuestiones diferentes a la designación de
consejeros electorales y a la impugnación de diversos artículos de normas
federales y locales, que no se ligan con la materia electoral.
Confían que pueda ser en agosto cuando el pleno de ministros pueda estar
discutiendo los mismos, una vez regresen de su periodo de descanso, si procede
o no el amparo contra reformas a la Constitución.

Amparo, la vía para impugnar reformas

Con los antecedentes que ha dejado la Corte estas últimas semanas queda
solamente la posibilidad de que sea el amparo la única vía para impugnar
reformas a la Carta Magna.
En sí, lo que estudiará la Suprema Corte es si confirma el desechamiento del
juez o si lo admite, que en su caso tendrían que regresar a los juzgados de
distrito para continuar con el proceso legal y dictar sentencia; resolución que
podría caer de nueva cuenta al alto tribunal para establecer un criterio final.
Los amparos engloban principalmente a sectores empresariales como Coparmex,
Canacintra, CCE, sindicatos patronales, Concanaco, Canainpesca; y, un sector de
líderes de opinión como Héctor Aguilar Camín, Federico Reyes Heroles, Jesús
Silva Herzog, Jaime Sánchez Susarrey, Sergio Sarmientos, entre otros.
Los 41 amparos reclaman en lo esencial que el proceso legislativo no cumple con
lo establecido al respecto de la propia Carta Magna; se transgreden sus
garantías individuales de audiencia, seguridad jurídica y legalidad; así como
la violación a su garantía de libertad de expresión al privarlos "del derecho
que tienen a la libertad en materia política pues se restringe la misma al no
permitir la libre y recta expresión de sus ideas en cuestiones electorales".

Paloma Alcántara, El Economista, 10 de julio.


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