Constata la CNDH tortura en Guanajuato

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que la tortura es una práctica sistemática que cometen servidores públicos del estado de Guanajuato.

Esta violación a los derechos humanos, considerada por el organismo como “el grado extremo de abuso de poder”, fue documentada en las ciudades de Guanajuato, Irapuato y San Miguel de Allende, en el contexto del combate contra el narcotráfico.

En investigaciones hechas por la CNDH, se constató que los elementos de la Procuraduría General de Justicia de la entidad emplean la tortura para obtener información o una declaración autoinculpatoria de los detenidos antes de ser puestos a disposición de un agente del Ministerio Público de la Federación.

Este año el organismo investigó seis casos distintos en dichas ciudades, donde ocho personas que fueron detenidas por la policía judicial de Guanajuato por posesión de droga fueron sometidas y golpeadas de manera reiterada, causándoles graves lesiones.

Por este motivo, apenas el pasado lunes, en medio de la polémica que se desató por los videos que muestran actos de tortura cometidos durante el entrenamiento de elementos del Grupo Especializado Táctico, la CNDH envió una recomendación al gobernador de la entidad, Juan Manuel Oliva Ramírez,a fin de que tome las medidas que sean necesarias para evitar que se vuelva a cometer “violación de lesa humanidad” y se inicien procedimientos administrativos y penales contra los responsables de dichos abusos.

Los primeros tres casos fueron documentados en las colonias El Ángel, Bajada de San Martín y Brisas del Río, en Irapuato, donde agentes judiciales detuvieron a tres personas en posesión de droga y cuando fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público Federal presentaban lesiones típicas de tortura.

El cuarto caso ocurrió en la Unidad Gualdra, de Guanajuato, donde otras dos personas, también acusadas de vender estu-pefacientes fueron detenidas y golpeadas. El quinto caso fue en el ejido El Carmen, Irapuato, donde se detuvo a dos personas y el último en San Miguel de Allende.
Liliana Alcántara, El Universal, 7 de julio.

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