El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, exigió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) castigo enérgico para los militares que cometieron graves violaciones a los derechos humanos y que mejore los criterios de selección de sus miembros, pues hay evidencias, por ejemplo, de que uno de los mandos de la 17 Compañía de Sonoyta, Sonora, tiene una enfermedad siquiátrica que le detona una conducta agresiva.
El ombudsman nacional consideró como “equivocaciones” otros episodios de violencia que protagonizaron los militares en Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa donde soldados dispararon contra vehículos civiles que les parecían sospechosos y cuyos ocupantes murieron o resultaron lesionados sin que “representaran algún peligro” o portaran arma alguna.
Señaló que los abusos documentados fueron “graves errores” producto de la confusión y el desconocimiento de las normas sobre el uso de la fuerza y las armas por parte de los militares.
Ayer, la CNDH emitió ocho recomendaciones a la Sedena por violaciones a los derechos humanos cometidas por personal castrense en Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, en donde se documentaron homicidios, tortura, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y de las armas de fuego, atentados a la propiedad, incomunicación, ejercicio indebido de la función pública y violaciones a la legalidad y seguridad jurídica.
En conferencia de prensa, la segunda visitadora general de la CNDH, Susana Thalía Pedroza, señaló que en ninguno de los casos se acreditó que los militares actuaran bajo el influjo de drogas o alcohol, pero comentó que en Sonoyta, Sonora se constató que un teniente coronel de infantería fue internado en el área de siquiatría del Hospital Central Militar porque, a decir de la propia Sedena, su pronóstico es “reservado para la función”.
Peritos de la CNDH señalaron que este padecimiento psiquiátrico influye en su grado de agresividad frente a terceras personas y fue él quien ordenó la tortura de José Gálvez, detenido de manera arbitraria el 7 de junio del 2007 en Sonoyta.
“Lo golpearon en la boca, le vendaron los ojos y lo arrastraron por el suelo. Le metieron un tubo a la boca y lo hicieron ingerir una bebida alcohólica que le provocó vómito... Le introdujeron astillas de madera entre las uñas de las manos y los pies y las movían para hacerlo sufrir...así le extrajeron una uña”, dice el expediente de la CNDH.
Soberanes Fernández dijo que “un Ejército débil y vacilante sólo conviene al crimen organizado..., (pero) necesitamos que las Fuerzas Armadas no toleren que algunos de sus integrantes puedan violar garantías fundamentales sin consecuencias”.
Reiteró que “no corresponde al Ejército la labor de investigación de los delitos, ni la implementación de estrategias de prevención del mismo ni el resguardo ni la retención de personas ni mucho menos la aplicación de sanciones, sino que su participación en dichas tareas debe realizarse únicamente en auxilio y de forma subordinada a las autoridades civiles”.
El ombudsman nacional consideró como “equivocaciones” otros episodios de violencia que protagonizaron los militares en Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa donde soldados dispararon contra vehículos civiles que les parecían sospechosos y cuyos ocupantes murieron o resultaron lesionados sin que “representaran algún peligro” o portaran arma alguna.
Señaló que los abusos documentados fueron “graves errores” producto de la confusión y el desconocimiento de las normas sobre el uso de la fuerza y las armas por parte de los militares.
Ayer, la CNDH emitió ocho recomendaciones a la Sedena por violaciones a los derechos humanos cometidas por personal castrense en Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, en donde se documentaron homicidios, tortura, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y de las armas de fuego, atentados a la propiedad, incomunicación, ejercicio indebido de la función pública y violaciones a la legalidad y seguridad jurídica.
En conferencia de prensa, la segunda visitadora general de la CNDH, Susana Thalía Pedroza, señaló que en ninguno de los casos se acreditó que los militares actuaran bajo el influjo de drogas o alcohol, pero comentó que en Sonoyta, Sonora se constató que un teniente coronel de infantería fue internado en el área de siquiatría del Hospital Central Militar porque, a decir de la propia Sedena, su pronóstico es “reservado para la función”.
Peritos de la CNDH señalaron que este padecimiento psiquiátrico influye en su grado de agresividad frente a terceras personas y fue él quien ordenó la tortura de José Gálvez, detenido de manera arbitraria el 7 de junio del 2007 en Sonoyta.
“Lo golpearon en la boca, le vendaron los ojos y lo arrastraron por el suelo. Le metieron un tubo a la boca y lo hicieron ingerir una bebida alcohólica que le provocó vómito... Le introdujeron astillas de madera entre las uñas de las manos y los pies y las movían para hacerlo sufrir...así le extrajeron una uña”, dice el expediente de la CNDH.
Soberanes Fernández dijo que “un Ejército débil y vacilante sólo conviene al crimen organizado..., (pero) necesitamos que las Fuerzas Armadas no toleren que algunos de sus integrantes puedan violar garantías fundamentales sin consecuencias”.
Reiteró que “no corresponde al Ejército la labor de investigación de los delitos, ni la implementación de estrategias de prevención del mismo ni el resguardo ni la retención de personas ni mucho menos la aplicación de sanciones, sino que su participación en dichas tareas debe realizarse únicamente en auxilio y de forma subordinada a las autoridades civiles”.
Liliana Alcántara, El Universal, 12 de julio.
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