LA HABANA (EFE).— Más de 70 fábricas de plásticos y muebles, 31 talleres ilegales y 82 casas-almacenes clandestinos fueron desmantelados en operativos policiales en la capital cubana, informó ayer el semanario Tribuna.
Como resultado de estas redadas iniciadas hace poco más de un mes, se sancionó con “trabajo correccional sin internamiento” a 16 personas, se impusieron casi 60 mil multas y fueron decomisados platos de plástico y aluminio, utensilios de cocina, juguetes, equipos de computación, motores, tabaco y otros productos. El semanario indica que, además de las 16 personas sancionadas por “propagación y epidemia” o “índice de peligrosidad”, otras 37 fueron multadas por el delito de “receptación” (adquisición de artículos y productos comercializados ilícitamente).
“Lo hallado es consecuencia de la fuga de recursos de las entidades económicas, del descontrol administrativo y de la falta de fiscalización de los organismos encargados de detectar e impedir que en comercios estatales se materialice el producto delictivo”, afirma.
Además, denuncia que la magnitud de los productos y materiales ocupados muestra “una de las aristas de la corrupción”, porque muchos de esos artículos. como la maquinaria, “sólo pudieron salir de las entidades productoras”.
En Cuba la actividad industrial particular está restringida casi exclusivamente a cooperativas y a los denominados “cuentapropistas”, actualmente unos 150 mil.
Esa figura fue creada en 1994, durante la crisis económica cubana causada por el desplome del bloque soviético, y es gestionada por autoridades municipales, que tienen la potestad de determinar su número y sectores.
La operación contra fábricas y comercios “ilegales” se produce en momentos en que el gobierno que preside el general Raúl Castro llama a aumentar la productividad y ha decidido eliminar los topes salariales, para que los trabajadores cobren en función de su producción o la calidad de los servicios.
Después de que el general asumiera oficialmente la Presidencia de la isla en febrero pasado en reemplazo de su hermano Fidel Castro, las autoridades han intensificado las redadas contra los robos de electricidad y otras actividades ilícitas.
Como resultado de estas redadas iniciadas hace poco más de un mes, se sancionó con “trabajo correccional sin internamiento” a 16 personas, se impusieron casi 60 mil multas y fueron decomisados platos de plástico y aluminio, utensilios de cocina, juguetes, equipos de computación, motores, tabaco y otros productos. El semanario indica que, además de las 16 personas sancionadas por “propagación y epidemia” o “índice de peligrosidad”, otras 37 fueron multadas por el delito de “receptación” (adquisición de artículos y productos comercializados ilícitamente).
“Lo hallado es consecuencia de la fuga de recursos de las entidades económicas, del descontrol administrativo y de la falta de fiscalización de los organismos encargados de detectar e impedir que en comercios estatales se materialice el producto delictivo”, afirma.
Además, denuncia que la magnitud de los productos y materiales ocupados muestra “una de las aristas de la corrupción”, porque muchos de esos artículos. como la maquinaria, “sólo pudieron salir de las entidades productoras”.
En Cuba la actividad industrial particular está restringida casi exclusivamente a cooperativas y a los denominados “cuentapropistas”, actualmente unos 150 mil.
Esa figura fue creada en 1994, durante la crisis económica cubana causada por el desplome del bloque soviético, y es gestionada por autoridades municipales, que tienen la potestad de determinar su número y sectores.
La operación contra fábricas y comercios “ilegales” se produce en momentos en que el gobierno que preside el general Raúl Castro llama a aumentar la productividad y ha decidido eliminar los topes salariales, para que los trabajadores cobren en función de su producción o la calidad de los servicios.
Después de que el general asumiera oficialmente la Presidencia de la isla en febrero pasado en reemplazo de su hermano Fidel Castro, las autoridades han intensificado las redadas contra los robos de electricidad y otras actividades ilícitas.
El Universal, 7 de julio.
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