TIJUANA.- Para la mayoría de los exponentes del Foro El Nuevo Modelo de Justicia Penal y de Seguridad Pública lo difícil de las modificaciones al sistema jurídico será convencer a la sociedad de que el cambio es para mejorar la impartición de justicia.
Fue el diputado Juan Manuel Molina García quien puso la difícil actitud en perspectiva: "Cuando le robaron el auto a mi asistente, que es consejera de la Comisión de Justicia, me dijo que no iba a presentar una denuncia, pues (en la Procuraduría) no iban a hacer absolutamente nada por recuperarlo".
"Esa mentalidad es la que ha prevalecido a lo largo de los años y es la titánica misión que se enfrenta para cambiar con esta serie de cambios que ya empezaron", dijo.
El Procurador de Baja California, Rommel Moreno Manjarrez, afirmó que las instituciones del País deben de actualizarse, pues en el nuevo sistema de justicia penal y de seguridad pública ya no va a caber el antiguo método inquisitorio.
"Tenemos ya los primeros 20 policías de Baja California entrenándose en Chihuahua, en métodos modernos de investigación científica", dijo.
En el foro participaron dos de los senadores impulsores de las reformas penales, diputados, representantes de los tribunales de Justicia en Baja California, así como de Colegios de abogados.
El senador Alejandro González Alcocer, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, expuso las razones que impulsaron la serie de modificaciones, originadas por cambios en la sociedad agobiada actualmente por el crimen organizado que ha aprovechado los numerosos elementos existentes en los códigos penales para evadir la acción de la justicia.
"Una de las virtudes (de las modificaciones) es lograr el equilibrio en las partes durante los procesos penales. Romper con el monopolio de los Ministerios Públicos y buscar desfogar el trabajo en los juzgados", dijo.
Por su parte, el senador Tomás Torres Mercado, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, dijo que el aún indefinido costo de la reforma a la justicia en el erario es por cualquier motivo más justificable comparado a lo que ha estado costando la implementación del actual.
Fue el diputado Juan Manuel Molina García quien puso la difícil actitud en perspectiva: "Cuando le robaron el auto a mi asistente, que es consejera de la Comisión de Justicia, me dijo que no iba a presentar una denuncia, pues (en la Procuraduría) no iban a hacer absolutamente nada por recuperarlo".
"Esa mentalidad es la que ha prevalecido a lo largo de los años y es la titánica misión que se enfrenta para cambiar con esta serie de cambios que ya empezaron", dijo.
El Procurador de Baja California, Rommel Moreno Manjarrez, afirmó que las instituciones del País deben de actualizarse, pues en el nuevo sistema de justicia penal y de seguridad pública ya no va a caber el antiguo método inquisitorio.
"Tenemos ya los primeros 20 policías de Baja California entrenándose en Chihuahua, en métodos modernos de investigación científica", dijo.
En el foro participaron dos de los senadores impulsores de las reformas penales, diputados, representantes de los tribunales de Justicia en Baja California, así como de Colegios de abogados.
El senador Alejandro González Alcocer, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, expuso las razones que impulsaron la serie de modificaciones, originadas por cambios en la sociedad agobiada actualmente por el crimen organizado que ha aprovechado los numerosos elementos existentes en los códigos penales para evadir la acción de la justicia.
"Una de las virtudes (de las modificaciones) es lograr el equilibrio en las partes durante los procesos penales. Romper con el monopolio de los Ministerios Públicos y buscar desfogar el trabajo en los juzgados", dijo.
Por su parte, el senador Tomás Torres Mercado, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, dijo que el aún indefinido costo de la reforma a la justicia en el erario es por cualquier motivo más justificable comparado a lo que ha estado costando la implementación del actual.
Miguel Cervantes, corresponsal, Reforma, 19 de julio.
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