Busca el Gobierno frenar demanda de braceros en EU

El Gobierno federal negocia con casi cuatro mil braceros que demandaron a México ante una corte de Estados Unidos, con la idea de evitar un juicio que exhibiría presuntos malos manejos de los fondos que se tenían que haber pagado a estos trabajadores.

Fuentes oficiales informaron que la propuesta de México es reservar 150 millones de pesos para pagar a los demandantes una indemnización de 38 mil pesos por cabeza, similar a la que ha entregado a miles de ex trabajadores migratorios en los últimos tres años.

De ser aceptado, el acuerdo pondría fin al caso Senorino Ramírez Cruz vs Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América, un "class action" o demanda colectiva que fue iniciada en 2001 por personas que participaron en el programa temporal que envió a cientos de miles de trabajadores al otro lado de la frontera durante la Segunda Guerra Mundial.

Por acuerdo de ambos gobiernos, parte del salario de los braceros era retenido y enviado a Banco de México, para crear un fondo de ahorro que sería pagado a los trabajadores a su regreso al País, lo que según ellos nunca sucedió.

Inicialmente la demanda parecía no tener futuro, pero en junio de 2005, un juez de la Corte de Distrito Norte de California resolvió que las instituciones mexicanas sí podían ser llevadas a juicio en ese estado del país vecino.

Dichas instituciones incluyen al Banco de México, el Patronato del Ahorro Nacional, y los desaparecidos bancos de Crédito Rural y de Crédito Agrícola, responsables de instrumentar el programa de pagos para miles de mexicanos que trabajaron legamente en Estados Unidos entre 1942 y 1946.

"No hay ninguna evidencia de que México, mediante un acto soberano como un decreto o una ley, repudió su obligación de pagar los fondos acumulados en las cuentas de los trabajadores migratorios", afirmó en esa sentencia el juez Charles R. Breyer.

Cuando Breyer dictó este fallo, el Congreso mexicano ya había aprobado una ley para compensar a los braceros residentes en nuestro país.

Este ordenamiento entró en vigor el 26 de mayo de 2005 con un periodo de aplicación de cinco años, y el juez estadounidense manifestó en su sentencia que estaba "abierto" a recibir nuevas mociones para desechar la demanda si el fideicomiso creado en México cumplía con sus funciones.

Los bancos mexicanos demandados de todos modos apelaron la decisión de Breyer.

Este recurso está a punto de ser resuelto por la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco, pero la idea -según las fuentes-, es llegar a un acuerdo con los braceros lo antes posible para cerrar cualquier posibilidad de un juicio con jurado.

Según la propuesta de acuerdo, que aún no ha sido sometida a aprobación de la corte, tendrían derecho a cobrar los braceros que aún viven, sus viudas, o sus hijos.

Víctor Fuentes, Reforma, 8 de julio.


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