Los amparos que promovieron grupos empresariales e intelectuales contra la reforma electoral que aprobó el Congreso en noviembre de 2007, la cual les impide contratar espacios en radio y televisión para difundir ideas en cuestiones comiciales, fueron atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los ministros de la primera sala tomaron la decisión de atraer los casos de 41 demandas —eran 44—, en las que los quejosos argumentan violaciones a sus garantías individuales de audiencia, seguridad jurídica y legalidad establecidas en la Constitución, además de que el procedimiento para la aprobación de la reforma estuvo plagado de vicios.
Entre los amparos aceptados destaca el interpuesto por el grupo que encabeza el escritor Héctor Aguilar Camín, junto con Ángeles Mastreta, Teodoro González de León, Luis González de Alba, Ramón Xirau, Jorge Castañeda, Gerardo Estrada, Miguel Limón Rojas y Jesús Silva-Herzog Márquez, por mencionar algunos.
Sergio Valls, ministro presidente de la mencionada sala, dijo que los amparos serán analizados por el pleno de la Corte, y confió en que en agosto próximo exista una sentencia sobre el particular.
Valls precisó que en los 41 casos que conocerá la Corte no hay una sentencia de fondo emitida por algún órgano judicial, sino que sólo se trata de demandas desechadas por tribunales federales inferiores.
Ahora, los once ministros discutirán si a través del juicio de amparo es posible cuestionar algún artículo constitucional.
Cuando se le preguntó por las críticas de los últimos meses contra la Corte, porque se ha “tardado” en conocer este caso, Valls respondió: “Lamentablemente las críticas que se hacen a la Corte no se formulan por razones jurídicas, sino políticas. Eso les diría”.
Además, recordó que todos los asuntos tienen un trámite. “No están al capricho ni a la arbitrariedad de nadie, sino que hay que cumplir con los requisitos que señala la ley y con la instrucción que da para la tramitación de asuntos”, agregó.
Autoridades del Poder Judicial de la Federación informaron que los tres amparos desechados corresponden a los interpuestos por María Isabel Villafán Segundo, Guillermo Garduño Aguilar y José Alberto Sáenz Azcárraga, éste último en representación de Cadena Radiodifusora del Golfo, quienes alegaron cuestiones distintas a la reforma.
A fines de junio pasado, las acciones de inconstitucionalidad que interpusieron los partidos Convergencia y Nueva Alianza contra la reforma constitucional en materia electoral fueron sobreseídas (archivadas) por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que no era la vía legal para hacerlo, pero dejó abierta la posibilidad para que la cuestionada reforma pudiera ser impugnada a través de otros procedimientos legales, como el juicio de amparo.
Tanto empresarios como intelectuales han argumentado que con la entrada en vigor de las reformas, cuyo proceso de creación se reclama, les causan perjuicios al privarlos y limitarlos de la garantía de libertad de expresión y manifestación de las ideas prevista en los artículos 6 y 9 constitucionales.
Asimismo, les impide el derecho de contratar propaganda en radio o televisión, a pesar de que un partido o candidato formule propuestas electorales tendentes a disminuir los derechos o conquistas logradas por algún sector de la población, de la industria o de cualquier asociación de carácter civil, sindical o de cualquier otra especie en los ámbitos políticos y sociales, en materias tan sensibles y controvertidas.
Los ministros de la primera sala tomaron la decisión de atraer los casos de 41 demandas —eran 44—, en las que los quejosos argumentan violaciones a sus garantías individuales de audiencia, seguridad jurídica y legalidad establecidas en la Constitución, además de que el procedimiento para la aprobación de la reforma estuvo plagado de vicios.
Entre los amparos aceptados destaca el interpuesto por el grupo que encabeza el escritor Héctor Aguilar Camín, junto con Ángeles Mastreta, Teodoro González de León, Luis González de Alba, Ramón Xirau, Jorge Castañeda, Gerardo Estrada, Miguel Limón Rojas y Jesús Silva-Herzog Márquez, por mencionar algunos.
Sergio Valls, ministro presidente de la mencionada sala, dijo que los amparos serán analizados por el pleno de la Corte, y confió en que en agosto próximo exista una sentencia sobre el particular.
Valls precisó que en los 41 casos que conocerá la Corte no hay una sentencia de fondo emitida por algún órgano judicial, sino que sólo se trata de demandas desechadas por tribunales federales inferiores.
Ahora, los once ministros discutirán si a través del juicio de amparo es posible cuestionar algún artículo constitucional.
Cuando se le preguntó por las críticas de los últimos meses contra la Corte, porque se ha “tardado” en conocer este caso, Valls respondió: “Lamentablemente las críticas que se hacen a la Corte no se formulan por razones jurídicas, sino políticas. Eso les diría”.
Además, recordó que todos los asuntos tienen un trámite. “No están al capricho ni a la arbitrariedad de nadie, sino que hay que cumplir con los requisitos que señala la ley y con la instrucción que da para la tramitación de asuntos”, agregó.
Autoridades del Poder Judicial de la Federación informaron que los tres amparos desechados corresponden a los interpuestos por María Isabel Villafán Segundo, Guillermo Garduño Aguilar y José Alberto Sáenz Azcárraga, éste último en representación de Cadena Radiodifusora del Golfo, quienes alegaron cuestiones distintas a la reforma.
A fines de junio pasado, las acciones de inconstitucionalidad que interpusieron los partidos Convergencia y Nueva Alianza contra la reforma constitucional en materia electoral fueron sobreseídas (archivadas) por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que no era la vía legal para hacerlo, pero dejó abierta la posibilidad para que la cuestionada reforma pudiera ser impugnada a través de otros procedimientos legales, como el juicio de amparo.
Tanto empresarios como intelectuales han argumentado que con la entrada en vigor de las reformas, cuyo proceso de creación se reclama, les causan perjuicios al privarlos y limitarlos de la garantía de libertad de expresión y manifestación de las ideas prevista en los artículos 6 y 9 constitucionales.
Asimismo, les impide el derecho de contratar propaganda en radio o televisión, a pesar de que un partido o candidato formule propuestas electorales tendentes a disminuir los derechos o conquistas logradas por algún sector de la población, de la industria o de cualquier asociación de carácter civil, sindical o de cualquier otra especie en los ámbitos políticos y sociales, en materias tan sensibles y controvertidas.
Rubén Mosso, Milenio, 10 de julio.
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