BRUSELAS.- Una vez que los socios de la Unión Europea (UE) han acordado los plazos de detención y expulsión de inmigrantes ilegales, ha llegado el momento de atacar a quienes les brindan empleo, afirmó a REFORMA el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso.
Para alcanzar este objetivo, el jefe del Ejecutivo comunitario está promoviendo un proyecto de ley para estandarizar en la UE los castigos para quienes emplean sin papeles.
"Hay otra propuesta que no se ha aprobado y que es muy importante, la criminalización del trabajo ilegal, que no es la criminalización de los trabajadores, sino de los que otorgan trabajo", dijo Barroso, en referencia al siguiente paso de la estrategia migratoria comunitaria.
"Esta es la manera más realista de combatir la inmigración ilegal, no culpando a la persona que trata de trabajar, sino poner la carga, la responsabilidad, a quien trata de explotar a los trabajadores. Esta es la postura de la Comisión Europea y esperamos que al final los Estados miembro la apoyen", agregó el funcionario europeo.
El proyecto de ley para acabar con el trabajo ilegal consiste en fijar penas comunes en todos los Estados, incluyendo multas económicas, castigos penales con la posibilidad de meter a la cárcel al empresario y el retiro de concesiones, contratos públicos y subsidios.
Para garantizar el éxito de esta iniciativa, simultáneamente los Estados deberán endurecer los controles de supervisión, considerando que en la actualidad sólo el 2.8 por ciento de las empresas comunitarias son sometidas a revisiones temporales, cuando el criterio mínimo debería ser del 10 por ciento para alcanzar un apropiado nivel disuasivo.
La nueva legislación estaría inspirada en la tesis de que no podrán frenarse los flujos ilegales mientras los países emisores tengan la impresión de que es sencillo encontrar trabajo en la Unión Europea.
"Hay que encontrar el balance correcto. Algunos sugieren que la apertura total puede ser la respuesta. Pienso que sería un error, crearía un fuerte desequilibrio en nuestra sociedad que sólo crearía un terreno fértil para fuerzas extremistas, xenófobas e incluso racistas", sostuvo Barroso.
"Seamos razonables, Europa necesita más migrantes y Europa debe continuar abierta, pero debe ser de una manera que no genere desequilibrios y estas reacciones", remarcó.
En lo que avanza la iniciativa de Barroso en la agenda de los Ministros de Justicia de la UE, que actualmente está centrada en darle forma al Pacto por la Emigración promovido por Francia, las quejas provenientes de América Latina contra la polémica "Directiva de Retorno" continúan proliferando.
El próximo viernes, está previsto que Perú se sume a los países latinoamericanos que expresan en Bruselas su rechazo a la ley de repatriación, cuando el Canciller, José Antonio García Belaunde, presente una carta diplomática a la Comisión Europea manifestando su desacuerdo.
La iniciativa de Barroso se enmarca dentro de una serie de medidas adoptadas por la UE para controlar la migración ilegal, como el "Pacto de Inmigración" y la polémica "Directiva de Retorno" rechazada por América Latina.
Para alcanzar este objetivo, el jefe del Ejecutivo comunitario está promoviendo un proyecto de ley para estandarizar en la UE los castigos para quienes emplean sin papeles.
"Hay otra propuesta que no se ha aprobado y que es muy importante, la criminalización del trabajo ilegal, que no es la criminalización de los trabajadores, sino de los que otorgan trabajo", dijo Barroso, en referencia al siguiente paso de la estrategia migratoria comunitaria.
"Esta es la manera más realista de combatir la inmigración ilegal, no culpando a la persona que trata de trabajar, sino poner la carga, la responsabilidad, a quien trata de explotar a los trabajadores. Esta es la postura de la Comisión Europea y esperamos que al final los Estados miembro la apoyen", agregó el funcionario europeo.
El proyecto de ley para acabar con el trabajo ilegal consiste en fijar penas comunes en todos los Estados, incluyendo multas económicas, castigos penales con la posibilidad de meter a la cárcel al empresario y el retiro de concesiones, contratos públicos y subsidios.
Para garantizar el éxito de esta iniciativa, simultáneamente los Estados deberán endurecer los controles de supervisión, considerando que en la actualidad sólo el 2.8 por ciento de las empresas comunitarias son sometidas a revisiones temporales, cuando el criterio mínimo debería ser del 10 por ciento para alcanzar un apropiado nivel disuasivo.
La nueva legislación estaría inspirada en la tesis de que no podrán frenarse los flujos ilegales mientras los países emisores tengan la impresión de que es sencillo encontrar trabajo en la Unión Europea.
"Hay que encontrar el balance correcto. Algunos sugieren que la apertura total puede ser la respuesta. Pienso que sería un error, crearía un fuerte desequilibrio en nuestra sociedad que sólo crearía un terreno fértil para fuerzas extremistas, xenófobas e incluso racistas", sostuvo Barroso.
"Seamos razonables, Europa necesita más migrantes y Europa debe continuar abierta, pero debe ser de una manera que no genere desequilibrios y estas reacciones", remarcó.
En lo que avanza la iniciativa de Barroso en la agenda de los Ministros de Justicia de la UE, que actualmente está centrada en darle forma al Pacto por la Emigración promovido por Francia, las quejas provenientes de América Latina contra la polémica "Directiva de Retorno" continúan proliferando.
El próximo viernes, está previsto que Perú se sume a los países latinoamericanos que expresan en Bruselas su rechazo a la ley de repatriación, cuando el Canciller, José Antonio García Belaunde, presente una carta diplomática a la Comisión Europea manifestando su desacuerdo.
La iniciativa de Barroso se enmarca dentro de una serie de medidas adoptadas por la UE para controlar la migración ilegal, como el "Pacto de Inmigración" y la polémica "Directiva de Retorno" rechazada por América Latina.
Inder Bugarin, corresponsal, Reforma, 9 de julio.
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