BUENOS AIRES.— El escándalo de la parapolítica volvió a golpear a las puertas del Congreso y del gobierno colombiano de Álvaro Uribe. Carlos García Orejuela, del oficialista Partido de la U y ex presidente del Senado, fue detenido ayer por su presunto vínculo con las paramilatares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), según informó la Fiscalía General.
García, quien defendió su inocencia ante la prensa local, fue detenido ayer por un grupo de Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en un hotel de la ciudad costeña de Santa Marta por orden exclusiva de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que lleva adelante las investigación sobre la denominada parapolítica, y por la que 33 congresistas están presos y otros 30 fuera de sus curules y sometidos a la investigación.
La mayoría de los detenidos e investigados son oficialistas, como el caso de García Orejuela, que ocupa una banca en el Senado desde 1994 y desde hace varios años funge como presidente del Partido de la U, que respalda a Uribe.
Por otra parte, el gobierno advirtió ayer que solicitará la captura internacional de Rodrigo Granda, el miembro de la guerrilla al que se lo conoce como “el canciller de las FARC”.
Granda había sido liberado en junio de 2007, como un gesto del gobierno de Uribe y por pedido del presidente francés, Nicolas Sarkozy, para allanar el intercambio humanitario o una negociación con las FARC por los rehenes. Fue entonces que viajó primero a Venezuela, y luego a Cuba, según las autoridades y desde entonces se desconoce su paradero. No obstante la administración Uribe, considera que Granda “sigue delinquiendo” y no sirvió a los fines para los que había sido liberado.
Ayer mismo, el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, insistió en que las FARC y la ETA mantenían un “acuerdo terrorista” que se hizo evidente en correos de los computadores del abatido jefe rebelde Raúl Reyes.
Iguarán se reunió en Bogotá con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional de España, Javier Zaragoza, con quien habló sobre este asunto.
García, quien defendió su inocencia ante la prensa local, fue detenido ayer por un grupo de Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en un hotel de la ciudad costeña de Santa Marta por orden exclusiva de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que lleva adelante las investigación sobre la denominada parapolítica, y por la que 33 congresistas están presos y otros 30 fuera de sus curules y sometidos a la investigación.
La mayoría de los detenidos e investigados son oficialistas, como el caso de García Orejuela, que ocupa una banca en el Senado desde 1994 y desde hace varios años funge como presidente del Partido de la U, que respalda a Uribe.
Por otra parte, el gobierno advirtió ayer que solicitará la captura internacional de Rodrigo Granda, el miembro de la guerrilla al que se lo conoce como “el canciller de las FARC”.
Granda había sido liberado en junio de 2007, como un gesto del gobierno de Uribe y por pedido del presidente francés, Nicolas Sarkozy, para allanar el intercambio humanitario o una negociación con las FARC por los rehenes. Fue entonces que viajó primero a Venezuela, y luego a Cuba, según las autoridades y desde entonces se desconoce su paradero. No obstante la administración Uribe, considera que Granda “sigue delinquiendo” y no sirvió a los fines para los que había sido liberado.
Ayer mismo, el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, insistió en que las FARC y la ETA mantenían un “acuerdo terrorista” que se hizo evidente en correos de los computadores del abatido jefe rebelde Raúl Reyes.
Iguarán se reunió en Bogotá con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional de España, Javier Zaragoza, con quien habló sobre este asunto.
José Vales, corresponsal, El Universal, 26 de julio.
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